18 de febrero de 2017
18.02.2017
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La Junta resolverá en marzo los recursos de las oposiciones paralizadas

De Santiago-Juárez defiende la suspensión de los procesos que afectan a 9.146 personas

21.02.2017 | 00:17

La Junta de Castilla y León habrá resuelto, a finales de marzo o principios de abril, los recursos y alegaciones registrados en determinados aspectos contra los exámenes de tres oposiciones públicas iniciadas a finales de 2016, y que la administración autonómica ha paralizado hasta sustanciar las quejas. Más de nueve mil aspirantes están afectados por esta paralización de las oposiciones a 5 plazas de ingreso libre como técnico de soporte informático; a 53 para auxiliares administrativos; y a 20 puestos de promoción interna para el cuerpo administrativo, en todos los casos dentro de la Junta de Castilla y León. A los exámenes de la primera concurrieron 646 personas (técnico informático), mientras que en la segunda (auxiliar administrativo) firmaron 8.373 candidatos; y 127 en la tercera (promoción interna), lo que suma un total de 9.146 aspirantes a la espera de la resolución final.

"Será a finales de marzo o principios de abril", ha anunciado en Valladolid el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes regionales para explicar, a propuesta del Grupo Socialista, el estado actual de la cuestión.

Los recursos y alegaciones -4 y 4 respectivamente en la primera oposición reseñada; 53 y 54 en la segunda; y 2 y 38 en la tercera- se refieren a improcedencias en preguntas formuladas y a la imposibilidad de responder, en algunos casos, debido a la escasez de tiempo, ha referido el consejero.

"Lo más sensato ha sido paralizar el trabajo de los tribunales hasta resolver todo y no esperar a que cuatro años más tarde, si los recurrentes deciden tomar la vía judicial (contencioso administrativa), una sentencia les de la razón, obligue a repetir y haya que echar a gente", ha explicado. De esta manera se gana tiempo y se ahorra dinero de las costas judiciales en el supuesto de una sentencia contraria a los intereses de la administración autonómica, argumentó.

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