El dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala la reactivación de la planta de Santa María de Garoña (Burgos) a pesar de que la central no ha ejecutado las mejoras exigidas en abril de 2015. Este documento es el que debate el pleno del Consejo controlador, según una información de la Cadena Ser.

Antes de que el CSN respondiera a la solicitud de reapertura de la central nuclear, la empresa propietaria, Nuclenor, estaba obligada a ejecutar una serie de mejoras reclamadas por el propio CSN. Pero esas condiciones previas no se han culminado. Y, sin embargo, a pesar de este incumplimiento, el CSN ha emitido un informe técnico favorable a la reapertura de la planta.

En ese dictamen técnico que avala la reapertura de la central, el propio CSN admite los incumplimientos de Nuclenor pero no los tiene en cuenta y da luz verde a su reactivación.

El documento revela que el 16 de abril de 2015 la dirección técnica del CSN informó a Nuclenor de que para emitir el informe preceptivo sobre la renovación de la autorización era necesario que estuvieran terminadas varias inversiones como la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases o la protección contra la caída del techo del edificio de turbina, además de tareas relacionadas con los sistemas eléctricos de seguridad y el aislamiento de contención primaria. Además, el documento certifica que Nuclenor "no ha finalizado la implantación de esas modificaciones de diseño" y que se encuentran en distintos grados de avance. Pero el dictamen soslaya estas faltas y añade que "quedan fuera del alcance de la presente propuesta de dictamen". Y avala la reapertura. En otro punto del documento técnico, y sin hacer mención específica a estas inversiones, el CSN señala sobre los "asuntos pendientes" que "el titular ha adquirido los correspondientes compromisos para su resolución antes de la carga de combustible".

A principios de enero eleconomista.es publicó que el incumplimiento de estos condicionantes previos podía abocar a un informe desfavorable sobre la reactivación de la central, condicionado a que esas inversiones se realizaran con posterioridad. La decisión, en todo caso, está pendiente de una votación en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que está analizando el dictamen técnico. Ese consejo está formado por cinco miembros, tres de ellos excargos y políticos del Partido Popular.

Pasado el filtro del CSN, la autorización final sobre el futuro de la central queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Las empresas propietarias de la central solicitaron su reapertura en 2014, pero desde entonces han aflorado divergencias entre Endesa e Iberdrola. Esta última se ha mostrado a favor de cerrarla definitivamente por el alto coste económico de las inversiones necesarias para retomar su actividad.