El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores, que aprobó la Junta el 4 de febrero del 2016. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, pone de manifiesto su "defectuosa calidad" normativa para declararlo nulo de pleno derecho puesto que carece de la "imprescindible" memoria económica.
Asimismo, según informaron ayer fuentes del TSJ, el fallo argumenta que la anulación del decreto se produce además porque determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación que según el Tribunal contenía el decreto anterior de 2011, que quedó derogado por el impugnado. Explicó que no detalla el personal mínimo, personal técnico o el número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional.
De la misma forma, la sentencia, firmada por la presidenta de la Sala, Ana María Martínez Olalla, sostiene que no se justifica por qué el decreto de 2016 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba. De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Asociación Casa de Beneficiencia de Valladolid.
La Junta de Castilla y León aprobó en la reunión del Consejo de Gobierno del 4 de febrero de 2016 dos decretos, entre los que se encuentra el anulado, para la autorización y la acreditación de centros sociales para personas mayores en la comunidad con el objetivo de impulsar la implantación de un nuevo modelo de atención más cercano al hogar y una asistencia personalizada a las demandas de sus usuarios. Alicia García aseguró ayer que el decreto fue consensuado con las entidades privadas del sector y aprobado por la sección de mayores del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
García no descartó que se recurra el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo una vez que los servicios jurídicos de la Consejería analicen la sentencia. La consejera también se mostró convencida de que esta sentencia no pone en peligro el modelo "En mi casa" puesto en marcha por la Junta.
Discapacidad y maltrato
Alicia García, el presidente de Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, y el presidente de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Sánchez, firmaron ayer un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de sensibilización y prevención en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género hacia mujeres con discapacidad.
Alicia García resaltó que este convenio y el impulso de medidas contra la violencia machista está más que justificado si se tiene en cuenta que 435 mujeres con discapacidad han sido registradas en el Sistema de Acceso Unificado de Acceso a los Servicios Sociales de Castilla y León, SAUSS, desde 2013 como víctimas de violencia de género.
