La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, afirmó ayer que "parece previsible" que la Junta tenga que abonar 10 millones de euros a las concesionarias del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por las sentencias de 2012, 2013 y 2014 -las dos últimas pendientes de conocerse, pero por el fallo desfavorable de la primera podría ser igual- que les dan la razón en contra de la congelación de tarifas por la administración.
En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el impacto del fallo judicial, Del Olmo aseguró que esos diez millones suponen un ahorro para los ciudadanos después de que en 2014 la Junta rebajara en 11 euros la tarifa -recurrida pero favorable en ese caso a la administración- y avanzó que su departamento trabaja en una nueva redacción del sistema de revisión de tarifas para garantizar la calidad del servicio y que "los ciudadanos paguen lo justo".
La consejera explicó que la actualización de las tarifas de ITV conforme al IPC que se realizaba desde 1991 ha resultado "inadecuada" por un incremento de las tarifas en un 203,72 por ciento en este periodo y un coste en torno al 20 por ciento por encima de la media del conjunto de las comunidades para el usuario de Castilla y León. Del Olmo recordó que contra la orden de la Junta se interpusieron recursos contenciosos administrativos por la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV de Castilla y León (AECYL).
Por otro lado, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F acordaron ayer remitir al Gobierno de España una solicitud conjunta de la recuperación de la jornada de 35 horas, el pago del 100 por 100 de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales y la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este acuerdo es fruto del encuentro mantenido ayer entre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos.
