La Consejería de Fomento y Medio Ambiente sentará el próximo año los pilares del nuevo modelo de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León que pondrá fin en 2020 a una red con más de tres década. Por tanto, 2017 será un ejercicio clave para este proyecto de legislatura puesto que verá la luz el Mapa de ordenación del sistema concesional, así como la nueva ley de transporte de viajeros por carretera, que blindará la financiación de este servicio público.
El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones afronta el nuevo año con un primer borrador del anteproyecto de la nueva ley del transporte, la base sobre la que pivotará el nuevo mapa, que se elabora atendiendo al modelo de ordenación del territorio. De hecho, la Junta lo completará en 2017 con la aprobación de las unidades básicas de ordenación y servicios, que cerrará un sistema que cuenta ya con la áreas urbanas definidas. Sobre esas dos figuras se organizará el plan que dará respuesta a las nuevas demandas de movilidad de los ciudadanos.
Asimismo, la "maquinaria interna" de Fomento elabora también en paralelo un tercer pilar del modelo de transporte, los anuncios indicativos de los nuevos contratos que se licitarán antes de noviembre de 2019, cuando expira el actual sistema concesional. Se trata de documentos administrativos que se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como paso previo al proceso de concurso que se abrirá al final de la legislatura. Además, la Consejería prevé presentar en 2018 los anteproyectos de explotación que detallarán los servicios para cada una de las zonas.
Fomento pretende que el nuevo modelo amplíe la cobertura, reduzca los costes de explotación, ya que la Junta compensa con más de 12 millones cada año el déficit en que incurren gran parte de las líneas, y mejore la calidad del servicio. Para ello, Castilla y León, que mantiene contactos con otras autonomías, impulsa un modelo de cambio radical que mejorará la coordinación entre los servicios urbanos e interurbano.
Fomento entiende que el nuevo modelo llevará también consigo la implantación de sistemas de gestión de billetes a través de aplicaciones para móvil, información sobre los tiempos de viaje y sistemas de pago electrónico. También incorporará un bono único para la provincia e, incluso, para la comunidad.
Esta malla, cuyas costuras la Consejería dejará rematadas en 2017, prevé mejorar la atención en las zonas de baja demanda. Para ello, plantea extender el modelo mixto entre escolares y servicios regulares, existente en unas 465 rutas, y ampliar el Transporte a la Demanda, que tiene solo pendientes una veintena de servicios. De esta forma, Fomento confía en garantizar las comunicaciones entre los pueblos más pequeños y las localidades con servicios sanitarios, educativos o sociales, y entre éstas, y las capitales de provincia.
La Consejería ha detectado un elevado número de concesiones, puesto que el sistema agrupa 1.500 rutas no escolares y 150 concesiones, todo con un "bajo" nivel de ocupación, que se sitúa de media en los diez viajeros por kilómetro. El Transporte a la Demanda atiende actualmente a 3.558 localidades, mediante 105 zonas operativas y 810 rutas, que recorren 400 vehículos diariamente.
