El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos una moción presentada por Izquierda Unida (IU) para mejorar las políticas activas de empleo de la comunidad, con el fin de mejorar la formación de los trabajadores y los parados.
La propuesta defendida por el portavoz José Sarrión también plantea que el Servicio Regional de Empleo (Ecyl) aúne toda la formación ocupacional para los ocupados y parados en una sola página web para "publicitar" y "dar promoción" a la cuantiosa oferta existente; la aprobación definitiva de las subvenciones para los cursos de formación para desempleados en el primer semestre de cada año y que la "excecpionalidad" de las Políticas Activas de Empleo estén al margen de futuros cierres de ejercicios presupuestarios antes de diciembre.
La moción del Grupo Mixto también solicita expedir los certificados de profesionalidad en el menor plazo posible, que ahora se prolongan durante dos años, y potenciar los centros propios del Ecyl, sin olvidarse de crear un bono de transporte público para el alumnado de los cursos.
Además, el acuerdo recoge explícitamente que las becas y ayudas del Ecyl al transporte, manutención y alojamiento, "una vez concedidas", deben ser abonadas en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del periodo de solicitud.
Sarrión lamentó la "expulsión" de la comunidad de los jóvenes titulados por falta de oportunidades laborales pero también se refirió a otro colectivo "esencial" como es el de los desempleados con menor cualificación que son los principales destinatarios de las políticas activas de empleo.
Transporte público
Por otro lado, las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, por unanimidad, una proposición para dotar a la comunidad autónoma de un transporte público "efectivo y eficaz" que asegure el desplazamiento de viajeros a todos los municipios rurales y garantice su libre circulación y derecho de movilidad ciudadana.
Esta proposición no de ley, presentada por el grupo Socialista en la sesión plenaria ayer, ha contado con el apoyo de todo el arco parlamentario que ha estimado la necesidad de mejorar un sistema esencial para abastecer las necesidades de movilidad de una comunidad tan extensa, ha justificado la procuradora del PSOE Virginia Barcones, defensora de esta iniciativa.
Por otra parte, las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer, con los votos del PP y la abstención de la UPL y C's en algunos puntos, la batería de inversiones sociales prioritarias propuesta por el PSOE con una cuantía de unos 700 millones de euros, que sí ha recibido el apoyo de Podemos y de IU-Equo.
En su exposición, Tudanca insistió en que el anunciado Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la Junta es una "mera suma de proyectos ordinarios" sin dotación económica adicional y que carece de transparencia, al anunciarse que los proyectos concretos serán los incluidos cada año en el proyecto de ley de presupuestos autonómicos.
