Herrera pide la "corresponsabilidad" del Gobierno central para financiar el Serla

El presidente autonómico asegura que el Ministerio de Justicia tendrá un ahorro "notable" al no tramitar conflictos laborales de carácter individual

04.11.2016 | 00:51
Herrera, con los miembros del Diálogo Social.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aprovechó ayer en Valladolid la clausura de la Jornada de presentación de los nuevos procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje en los conflictos laborales de carácter individual para reclamar al Gobierno central una "corresponsabilidad" y una "contribución" en la financiación de las nuevas funciones del Serla ya que supondrá un ahorro "notable" en las arcas del Ministerio de Justicia.

Herrera apuntó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que ya se han iniciado las negociaciones con el Gobierno y que las "perspectivas en funciones son positivas". Expuso que la administración de justicia ahorrará costes asociados a la tramitación de los procesos judiciales sociales, lo que permitirá ser "más ágil" en la resolución de otros asuntos.

El responsable del Ejecutivo regional no cuantificó esos ahorros, algo que sí han realizado los agentes sociales, por la dificultad de realizar, "en un principio", una estimación precisa al existir "tantos intangibles". Rubricó que el nuevo sistema de mediación que implantará la Junta en Castilla y León supondrá un mayor desembolso económico para la administración autonómica, tanto en costes de asistencia técnica, gastos de contratación y formación de los medios personales y compensaciones de los mediadores-conciliadores como en recursos materiales. A falta de concretar esa colaboración financiera con el Estado, el presidente de la Junta apuntó que la ampliación del Serla (Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León) a los conflictos individuales generará grandes ahorros para la sociedad. "Y eso es lo que realmente importa porque somos servidores del interés general", precisó. Citó el ahorro de los gastos en tiempos, esfuerzos y dineros en los procedimientos judiciales que, en ocasiones, son "traumáticos" en las relaciones laborales y personales. Los beneficios que obtendrá la ciudadanía están detrás de la decisión de la Junta de ser la primera comunidad autónoma que apuesta por este sistema sin tener transferidas las competencias en materia de justicia.

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