La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha inadmitido la querella presentada por una entidad mercantil, con participación indirecta en Itevelesa, contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y otras personas no aforadas, por un delito de prevaricación como consecuencia de la orden de la Junta de 2014 que estableció la reducción de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Asimismo, según informaron fuentes del TSJ, la Sala considera que en los hechos desarrollados en la querella no aparecen indicios concretos y razonables que permitan atribuir al presidente de la Junta de Castilla y León la concreción del delito. Por lo tanto, archiva las actuaciones y plantea a la parte querellante que puede recurrir a la jurisdicción ordinaria respecto a los no aforados, si así lo estima.
El 27 de septiembre se presentó ante esta Sala la querella de la entidad mercantil Amitjugoett AB por prevaricación contra Herrera.
Sostuvo que había sufrido un "importante perjuicio patrimonial", como consecuencia de la ejecución de garantías prestadas al no poder atender las obligaciones derivadas de un préstamo, situación que en su opinión fue provocada por la reducción de tarifas y por otras "irregularidades derivadas de la falta de control" de las actividades de otros concesionarios del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos. Además, señala también como responsable al exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, el departamento donde la Sala entiende se tomaron las decisiones sobre la rebaja de tarifas y las demandas contra otras empresas. Por otro lado, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha analizado con un grupo representantes de la minería, entre los que se encuentran alcaldes y responsables sindicales, la realidad de las cuencas productoras y del sector antes del encuentro que se espera entre el jefe del ejecutivo autonómico y el ministro de Economía y Competitividad e funciones, Luis de Guindos.
