La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reiteró ayer que la Junta de Castilla y León está personada desde hace tiempo, y "como parte perjudicada", en los casos judiciales que se siguen tanto en el supuesto sobrecoste del edificio de Arroyo de la Encomienda como en los terrenos del polígono de Portillo. "A finales de mayo ya di una rueda de prensa en la que se dijo que se daba orden a los servicios jurídicos de formar parte de ese procedimiento", expresó.

"El Gobierno regional está personado en el proceso judicial nada más que como perjudicado", insistió, al tiempo que añadió que otra cosa distinta es que "determinadas personas estén defendidas en algún caso por algún servicios jurídico externo y en otros casos por personal de la Junta que es investigado", añadió.

En cuanto a que pudieran existir otros aspectos distintos de carácter jurídico a dirimir en el ámbito de la personación, Del Olmo apuntó que "para eso están los servicios cualificados de la Junta a la hora de actuar, y no se debe entrar por nuestra parte en algo sobre lo que finalmente debe decidir un juez".

"Nosotros estamos colaborando en todo aquello que se nos pide y sobre las cuestiones técnicas lo hará quien corresponda en el ámbito judicial y yo no voy a entrar a opinar de nada más en este momento", espetó. De esta forma, Del Olmo respondió y aclaró lo manifestado por el procurador y portavoz del PSOE en esta comisión, Javier Izquierdo, poniendo en duda si la Juta se había o no personado en el proceso judicial. En los mismos términos que la consejera de Economía se pronunció el procurador del PP Raúl de la Hoz, miembro de la Comisión de Investigación de las Eólicas, el edificio de Arroyo de la Encomienda y el Parque Empresarial de Portillo, donde actúa como portavoz por su grupo parlamentario, al recordar al PSOE y a Izquierdo "que la personación lo es a todos los efectos y tanto él como su partido deberían conocerlo, junto a sus efectos jurídicos, y no es así".

Por otro lado, el procurador del PSOE y portavoz de la Comisión de Investigación de las Eólicas, del edificio de Arroyo y el Polígono de Portillo, Javier Izquierdo, señaló ayer, en respuesta a la consejera de Economía, Pilar del Olmo, que la Junta no confirma si se persona "como víctima o en defensa los investigados". "La personación no es formal en tanto en cuanto el juez ha preguntado si es en calidad de parte perjudicada o como defensora de los cargos objeto de investigación, y a eso no se ha dado respuesta", expuso.

A su juicio, el motivo es "evidente" ya que personarse desde la Junta como parte perjudicada supone que "tendría que ejercer acciones contra los exaltos cargos investigados". En ese sentido, recalcó que el problema de fondo es que el Gobierno regional "conoce por un informe de la Intervención General del Estado que existe un desfalco de 32 millones de euros en la compra del edificio empresarial de Arroyo de la Encomienda y hay que terminar quién pudo extraer ese dinero", agregó Izquierdo.