El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto que homogeneizará las estructuras y los puestos de trabajo de la Administración de Castilla y León, para garantizar a los empleados públicos el mantenimiento de las condiciones de los puestos que ocupan. El objetivo es establecer unos principios de organización comunes que favorezcan una estructura administrativa "más ágil" y que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos.

Según señaló la consejera portavoz, Milagros Marcos, se trata de un decreto "proteccionista" con los empleados públicos y en él se establecen los criterios homogéneos sobre las características de las unidades administrativas en las que se organizan los servicios centrales y periféricos, como elementos de la organización básica de la Administración General de Castilla y León.

Además, regula el catálogo de puestos tipo que contendrá las características de los puestos que pueden crearse y establece las normas sobre elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de acuerdo con dicho catálogo.

Con estas medidas se establecerán unos principios de organización comunes y una estructura administrativa más ágil que permita una acomodación automática del personal a los cambios y a las necesidades de la gestión. Todo ello, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos a través de una Administración más moderna y eficiente.

Junto a lo anterior, en esta norma el Gobierno autonómico garantiza a los trabajadores la conservación de sus derechos laborales y retributivos como consecuencia de la acomodación de los puestos de trabajo a nuevas estructuras y al catálogo tipo.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Decreto deberán aprobarse las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas de los órganos directivos centrales de las consejerías y en tres meses deberán aprobarse las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas de las delegaciones territoriales.

Concentración

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó también un decreto por el que se mejorará la dimensión de las cooperativas agroalimentarias, fortaleciendo la concentración de la oferta y la posición del producto. Así, desarrolla la previsión del artículo 158.3 de la Ley Agraria de Castilla y León que incorpora la figura de Entidad Asociativa Prioritaria para reforzar el movimiento cooperativo agrario, como canal de participación de los agricultores y ganaderos en los procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos.

Se trata de una de las claves de la Plataforma de Competitividad Productiva agroalimentaria que favorecerá tanto a las cooperativas como a sus socios y con el decreto se facilitará el mejor dimensionamiento de las entidades asociativas agroalimentarias, además de reforzar su posición en los mercados, objetivos que en última instancia beneficiarán a la renta de los productores agrarios.

La figura de la cooperativa agroalimentaria está muy arraigada en Castilla y León donde se ubican el once por ciento de las existentes en España. La Comunidad cuenta con 617 cooperativas, de las cuales 579 son de primer grado y 38 de segundo. El cooperativismo regional en su conjunto presenta una facturación total de unos 2.400 millones de euros y agrupa aproximadamente a 77.000 socios (unas 40.000 explotaciones agrarias), dando empleo a más de 2.100 trabajadores. Con el decreto aprobado, las cooperativas agroalimentarias de primer y segundo grado, las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones de productores con domicilio social y fiscal en Castilla y León pueden ser reconocidas Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de carácter autonómico.