La Cámara de Contratistas de Castilla y León solicitará a l Gobierno autonómico a que suprima la Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas por tratarse de un "impuesto injusto que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores". La asociación precisa que las empresas de obra pública deberán abonar 7,6 millones de euros en concepto de esta tasa en uno de los momentos de menor adjudicación de obra de los últimos 25 años".