El Ministerio de Hacienda constató que 211 ayuntamientos de Castilla y León incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2015, conforme a la liquidación de sus cuentas, aunque otros 457 no remitieron la información necesaria o lo hicieron sin firmar los datos. El año pasado por las mismas fechas, el número de incumplidores detectados por Hacienda, respecto a los presupuestos de 2014, ascendían a 145, y 395 no había remitido los datos necesarios.
Zamora se convierte en la capital de provincia con menos casos de incumplimiento, contando solo con 12 municipios que no consiguieron alcanzar el objetivo presupuestario. Sin embargo, 55 ayuntamientos zamoranos no remitieron información o lo hicieron sin firmar. En cuanto a saldos, los no financieros resultaron positivos para Zamora con 9,5 millones de euros y negativos para las diputaciones, con 554.819 euros.
La única capital de provincia que aparece en el listado de los que no cumplen es Salamanca. El total de las diputaciones provinciales aparece en el listado de las entidades locales que cumplieron con este objetivo de estabilidad en las cuentas marcado por el Ejecutivo central.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, achacó el incumplimiento en siete millones de la capital charra a "ajustes meramente contables, pero no reales sobre el gasto". Además, añade que el incumplimiento es "más formal que real" y que las cuentas del ayuntamiento "están equilibradas". Rodríguez, el propio interventor municipal que hizo el informe, apunta también que si la contabilidad refleja ese balance negativo es porque "la normativa de contabilidad nacional que regula la estabilidad presupuestaria obliga a contar durante el primer año el gasto total de las operaciones que realmente se pagan en varias anualidades".
Las principales causas de incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria son, en primer lugar, la regla de equilibrio, que señala que las entidades locales, en términos de contabilidad nacional, deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
En segundo lugar está la regla del gasto, que indica que la variación del gasto computable consolidado de la corporación local no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que quedará fijado anualmente por acuerdo del Gobierno de España y ratificado por el Congreso de los Diputados.
En tercer lugar, está la regla de la sostenibilidad financiera, que indica que la entidad local que supere el límite de deuda a largo plazo señalado por la legislación vigente en cada momento, en la actualidad el 110% de los ingresos corrientes liquidados, no podrá concertar nuevas operaciones de préstamo.
Para subsanar estas situaciones, se elaborará un Plan Económico-Financiero, que puede consistir en la simple constatación del incumplimiento y su subsanación, o bien, en medidas para incrementar ingresos o disminuir gastos.
