El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, reconoció ayer que el Ministerio no le ha "hecho caso" al aprobar una regulación de la reválida de cuarto de la ESO que "genera problemas", aunque ha anunciado que no recurrirá el decreto del Gobierno y lo acatará.
Rey ha descartado acudir al Tribunal Constitucional como sí harán por el momento las comunidades autónomas de Cantabria y Cataluña para combatir esta norma, ya que en su opinión quien tiene la "legitimidad democrática" para legislar sobre este tema es el Gobierno central, si bien ha lamentado el retraso en la aprobación y que haya esperado hasta ahora para hacerlo.
El consejero ha ironizado con que en Castilla y León su Gobierno tiene la "cada vez más rara costumbre de cumplir las leyes", por lo que ha aceptado que pese a los "problemas" que puede generar que un adolescente apruebe los cuatro cursos de ESO, no haga lo mismo con la reválida y se vea abocado directamente a estudiar Formación Profesional Básica.
Rey ha puesto en duda la "oportunidad pedagógica" de la regulación de esta prueba, que en su opinión debería tener un valor diagnóstico, de detección de problemas de alumnos y centros educativos, para ayudarles a mejorar, pero no debería tener valor académico.
No obstante, el consejero ha recordado que el próximo año aún no tendrá vigencia total, sino que se realizará una prueba, lo que en su opinión da margen para posibles negociaciones políticas en el marco de un pacto educativo vinculado a la gobernabilidad de España.
Cantabria y Cataluña han anunciado que recurrirán el real decreto aprobado el pasado viernes que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, mientras que Castilla-La Mancha y Aragón estudian hacerlo y varias comunidades están urgiendo al Ministerio de Educación a que convoque la Conferencia Sectorial para tratar este asunto.
"Limbo de alumnos"
El Ministerio de Educación respondió ayer a las comunidades autónomas que se han rebelado contra las revalidas aprobadas por el Gobierno que se hizo en cumplimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Según fuentes del ministerio, las comunidades autónomas "conocen perfectamente" la regulación de las Pruebas Finales de la ESO y el Bachillerato, y desde hace dos años disponen de los borradores de regulación, que han sido objeto de tratamiento específico en tres Conferencias Sectoriales y tres Comisiones Generales. El ministerio defiende que la aprobación y publicación del Real Decreto "es fruto del cumplimiento del calendario de implantación de la reforma educativa, establecido en la propia Ley.
Además, Educación ha negado que existe un "limbo" para los alumnos que no superen las pruebas finales de Secundaria, ya que "no tendrán valor académico" en su primer año, y cuando lo tengan supondrán el 30% de la nota final.
