El Consejo Consultivo de Castilla y León, a través de un dictamen difundido ayer en su web, considera que el decreto-ley aprobado por el Gobierno regional el pasado 19 de mayo no invade las competencias del Ayuntamiento de Tordesillas al regular festejos tradicionales como el torneo del Toro de la Vega.

El decreto, refrendado por las Cortes regionales, prohíbe la muerte en público de las reses bravas protagonistas de festejos taurinos populares y tradicionales, como hasta el año pasado ocurría con el Toro de la Vega, un torneo con sus bases y reglamentos aprobados por el pleno de esta villa vallisoletana.

El Ayuntamiento de Tordesillas recibió esta disposición como una injerencia o invasión de sus competencias municipales, lo que sometió a la consideración del Consejo Consultivo de Castilla y León como paso previo a la interposición de un recurso de constitucionalidad.

Este organismo, reunido el pasado jueves, examinó la cuestión planteada y llegó a la conclusión de que el municipio afectado "carece de legitimación para plantear el conflicto de defensa de la autonomía local", según consta en el informe publicado.

"No existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Ayuntamiento de Tordesillas interponga ante el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía local" frente al referido decreto-ley, añade la resolución.

La villa de Tordesillas, consciente de que el torneo no se celebrará este año como era tradicional, con el concurso de lanceros de a pie y a caballo para luchar contra el astado, ha programado un festejo similar en su estructura y celebración, aunque sin hostigamiento ni muerte para cumplir la normativa.

"Por desgracia, el Toro de la Vega no va a existir este año y hemos tenido que adaptar el festejo, deprisa y corriendo, a la normativa", declaró ayer el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tordesillas, Francisco Javier Campos, consciente de que el Toro de la Peña, sustituto del anterior, "no va a gustar a los vecinos ni a los aficionados.

Para Campos, "ha podido más la política" que cualquier otra consideración, en referencia al decreto que el pasado 19 de mayo, aprobado por la Junta de Castilla y León y convalidado días después por las Cortes regionales, prohíbe desde entonces la muerte en público de reses bravas en espectáculos taurinos y tradicionales.