Las nueve universidades de Castilla y León, cuatro públicas y cinco privadas, suscribieron ayer en Valladolid un pacto inédito para reordenar el mapa de titulaciones desde criterios de racionalidad, eficacia y competitividad, vigente durante tres años y que exigirá la revisión del modelo financiero.

"No resolverá todos y cada uno de los múltiples problemas y retos que tienen las universidades", pero significará "un avance en el trabajo conjunto y en red sin perder por ello el origen, la idiosincrasia y presencia en el territorio" de cada una de ellas, ha resumido el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

El nuevo mapa de titulaciones, fraguado en la anterior legislatura y cristalizado ayer tras un año de negociaciones, aprovechará las potencialidades de cada institución académica y se ajustará a las demandas de la estructura productiva.

La financiación, especialización, investigación, innovación, proyección internacional, transferencia de conocimiento, cooperación y captación de estudiantes figuran entre los objetivos de esta reestructuración que han pactado universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y las privadas IES (Segovia), Católica de Ávila, Pontificia de Salamanca, Europea Miguel de Cervantes (Valladolid), e Isabel I (Burgos).

La clave de esta reorganización radica en los estudios de posgrado (máster) y no tanto en los grados, ya que en los primeros reside todo el "valor estratégico" para alcanzar los objetivos que persigue este acuerdo, conscientes de que la sociedad "no demanda más sino mejores universidades", ha añadido Herrera.

La meta prioritaria "no es el ahorro económico" sino la racionalización y rentabilidad de los recursos disponibles.

Con arreglo a este nuevo mapa, las universidades públicas se obligan, durante el periodo 2016-2019, a no solicitar la implantación de más titulaciones que las acordadas; y a elaborar y aplicar un plan de viabilidad de los estudios de grado que, a fecha de 31 de octubre próximo, no alcance el número mínimo de alumnos.