Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más ha visto rebajada su población reclusa desde el año 2009, fecha en la que en el conjunto del país se alcanzó la cifra récord de reclusos con más de 76.000 internos en los 98 centros penitenciarios repartidos por España. Desde entonces, las modificaciones legales y la agilización de los procesos de extradición han provocado un descenso que en el caso de la región alcanzó el 38%.
