La Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, copresidida por los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se constituyó ayer con representantes del tejido empresarial de la comunidad.
En esta comisión también participan la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, representantes de cada consejería del Gobierno autonómico, ADE, Itacyl, entidades locales y organizaciones empresariales como Empresa familiar, Cecale, Cámaras de Comercio y la asociación de autónomos ATA, y la Federación Regional de Municipios y Provincias.
Las nuevas medidas de simplificación administrativa del Gobierno autonómico favorecen la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos y los plazos asociados a su puesta en funcionamiento.
Además, busca facilitar la racionalización y eficiencia de la Administración autonómica, la promoción de un mayor intercambio de recursos e información y una mayor coordinación interna, así como mejorar la coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas en la comunidad.
De Santiago-Juárez y Del Olmo trasladaron a los miembros de la Comisión constituida ayer que este proyecto será más fuerte con las aportaciones de los representantes de los empresarios y las Entidades Locales.
A lo largo de este año, la Junta de Castilla y León revisará los diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castilla y León y aprobará medidas de simplificación para ellos. En esta primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización empresarial, se han presentado los mapas de procesos correspondientes a los cinco sectores de mayor implantación: servicios de restauración; industrias agroalimentarias; explotaciones ganaderas; centros sanitarios sin internamiento; aprovechamientos forestales.
Las modificaciones normativas que permitirán las facilidades para estos sectores ya están en curso: tres leyes, tres nuevos decretos más la modificación de ocho órdenes sectoriales. Entre ellas, se suprimirán tres licencias ambientales que serán sustituidas por una comunicación ambiental y se reduce el régimen de intervención en nueve casos -que se reemplazan por declaraciones responsables-, se mantiene el régimen de autorización para cinco casos pero se reduce el plazo de su concesión como mínimo a la mitad, se eliminan dos registros, se refunden otros dos y se establecen comunicaciones únicas. En esta reunión, la Junta de Castilla y León ha propuesto cinco sectores más que poder revisar en el segundo semestre y cuyos mapas de procesos serán presentados antes de finalizar el año.
