Castilla y León contará con una ley de reconocimiento y atención integral a las víctimas del terrorismo, que será la primera en el ámbito autonómico tras la estatal de 2011, con la que se eleva a este rango normativo las ayudas asistenciales en sanidad, educación y servicios sociales y se rinde un homenaje a los afectados para que "no se sientan olvidados".

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las novedades del anteproyecto de ley del que antes informó al Gabinete y precisó que será en septiembre cuando sea aprobado definitivamente, tras los trámites oportunos, y remitido a las Cortes.

De Santiago-Juárez argumentó que este era "el momento oportuno" para elaborar el texto, comprometido en el discurso de investidura del presidente de la Junta de hace un año, al existir una ley estatal y una asociación en Castilla y León de Víctimas del Terrorismo, con la que se ha contado e informado para recoger sus aportaciones y sugerencias.

Memoria, dignidad, justicia y verdad son los principios en los que se asienta el anteproyecto, resaltó el titular de la Presidencia, que explicó que las víctimas insistieron en el reconocimiento y memoria para "no olvidar el daño" causado por el terrorismo. "Es una violación de los derechos humanos que un Estado no puede consentir, ni olvidar", aseguró en relación a los afectados, 392 en Castilla y León, 44 fallecidos y 348 a los que se destina la norma, así como a sus hijos y cónyuges.

Precisamente, el anteproyecto extiende la condición de víctima del terrorismo no solo a la persona que ha sufrido la acción de manera directa, sino a su cónyuge e hijos y, en el caso del reconocimiento -segunda parte de la ley- a padres, abuelos, nietos, hermanos y movimiento asociativo.

Entre las novedades, conforme a las competencias de la Junta, el consejero resaltó las ayudas asistenciales, que en el ámbito de la sanidad se centran en tratamientos médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas o prestaciones ortopédicas. Además, ayudas para la adquisición de libros de texto, dispositivos electrónicos y gratuidad total en el servicio de comedor escolar. Otras medidas se centran en favorecer el empleo de las víctimas del terrorismo, tanto por cuenta ajena como autónomo, con un tratamiento específico en los planes de reinserción profesional, programas de autoempleo o ayudas a la creación de nuevas empresas.