La Sanidad de Castilla y León todavía no ha decidido si recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la anulación de las oposiciones de enfermería por parte del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, y pagará las tasas a los opositores, unos 20.000 y unos 25 euros a cada uno, cuando la sentencia sea firme.

La Consejería de Sanidad recibió el lunes la sentencia del Alto Tribunal de la comunidad por lo que aún deben analizar y decidir si recurren o no, explico ayer la directora general de Profesionales de ese departamento, Concha Nafría. La directora general ha recordado, recogiendo el argumento dado por el consejero del ramo Antonio Sáez, que la oposición se convocó para "apoyar la estabilidad en el empleo" y tras estudiar las sentencias de otros altos tribunales autonómicos que habían sido favorables a convocatorias similares.

Nafría ha recordado que ya se ha convocado una nueva oposición de enfermería, con el límite de plazas al amparo de la ley de presupuestos, 471 plazas para las que ya hay una relación provisional de admitidos, y no será hasta que se publique la definitiva cuando se ponga la fecha para realizar las pruebas.

Ante las peticiones incluso de dimisión del consejero de Sanidad por parte del secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, por su gestión de este asunto, ha insistido en que se hizo "una apuesta por la estabilidad en el empleo".

516.000 euros

En cuanto a la devolución de las tasas, que CC OO ha pedido a la Junta que devuelva de oficio, y que supondrían más de 516.000 euros, ha insistido en que se devolverán cuando la sentencia sea firme.

En el fallo, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad admite que "no se le escapa" la intención de la Junta de "terminar con la temporalidad en el empleo público" aunque también es "verdad" que las ofertas de empleo responden a una evaluación de las necesidades de personal que "puede perder actualidad porque el transcurso del tiempo influye".

Esto significa, que "no cabe la ejecución intemporal de las ofertas de empleo público", aclara el TSJCYL.

En la sentencia se argumenta que el hecho de que los puestos convocados se encuentren cubiertos casi en su totalidad por interinos, "no justifica la provisión de las plazas de modo definitivo, con el argumento de que no tendría ningún efecto positivo desde la perspectiva del control del déficit".

"La existencia de interinos no justifica la provisión de las plazas de modo definitivo y el gasto temporal se convertiría en estructural", concluye el alto tribunal.

La falta de vigencia de las 554 plazas de enfermería de la oposición convocada por la Junta de Castilla y León en 2015, y paralizada cautelarmente, ha sido el principal fundamento para que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad la haya anulado, dando la razón al recurso interpuesto por el Estado. Según la sentencia a la que ha tenido acceso "Efe", anula ese proceso selectivo, suspendido cautelarmente por el alto tribunal autonómico por auto del 12 de noviembre de 2015, diez días antes de la fecha prevista para el examen, con más de 20.000 opositores inscritos. La Sala ha fundamentado la nulidad de la orden de convocatoria del proceso selectivo en que las ofertas de empleo público que se ejecutaban habían perdido su vigencia, ya que eran las relativas a los años 2009, 2010 y 2011, cuando su plazo de validez conforme a la legislación vigente era de 3 años de duración.