La prohibición de matar en público al Toro de la Vega se convierte en ley

Las Cortes piden que se estudie un cambio de estatus del lobo como especie gestionable l La Junta estudia recurrir el plan de cierre de minas

10.06.2016 | 00:46
La prohibición de matar en público al Toro de la Vega se convierte en ley

Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer el decreto-ley aprobado por la Junta para prohibir la muerte en público del Toro de la Vega de Tordesillas (Valladolid), en medio de un debate cruzado de argumentos electorales, conservacionistas y de defensa de la tauromaquia.

Votaron a favor de la convalidación el grupo popular, el socialista, el de Podemos y el grupo mixto, y se ha abstenido el grupo de Ciudadanos, aunque el intercambio de descalificaciones por electoralismo de unos y otros fue un ingrediente común en las intervenciones de los parlamentarios.

El encargado de abrir el debate en el Parlamento autonómico ha sido el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, promotor del decreto-ley, quien ha defendido la evolución de la tradición para evitar que pueda ser prohibida en el futuro.

"Algunos piensan que estamos dando la puntilla al Toro de la Vega pero quizás estén equivocados", ha avisado el consejero, quien ha remarcado que la Junta "no es antitaurina", sino que considera que la "repercusión negativa" del festejo de Tordesillas "se extiende de manera injusta a toda la tauromaquia".

Por otro lado, las Cortes aprobaron también ayer, con los votos de todos los grupos y la abstención de Podemos e IU que se estudie un cambio en el régimen de protección del lobo para que sea especie gestionable, no cinegética, en todo el territorio de la comunidad y se inste, en tal caso, al Gobierno para que inicie ante la Comisión Europea el procedimiento para ese cambio, así como que se mantenga el sistema de compensación de daños a la ganadería del sur del Duero, una vez producida la modificación.

Además, la Junta estudiará con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso contra el último plan de cierre de la minería española, acordado por el Gobierno de España y la Comisión Europea, como solicitó el Grupo Socialista. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, abrió la puerta a llevar a los tribunales este nuevo modelo de ayudas, del que admitió que no se conocen sus detalles.

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