El exdirector gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE), Benedicto González, investigado en el llamado caso "Perla Negra", declaró ayer por la ante el juez "no acordarse" de haber acudido a ningún consejo de administración de la Agencia.
De este modo, según han referido a la Agencia Efe fuentes judiciales, González, quien sustituyó en el puesto al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, ha negado cualquier tipo de responsabilidad y toma de decisiones, a pesar de que hay documentos que certifican que sí acudía a estos consejos cuando era el gerente de ADE, como así consta en las actas.
Las declaraciones de González se enmarcan dentro de la fase de instrucción que estudia los sobrecostes generados del edifico de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en un posible caso de malversación de fondos públicos, al elevarse su coste de los 50 millones presupuestados a los más de 70 que finalmente supuso el edificio.
A primera hora de la mañana acudieron hasta los juzgados de la calle Angustias de Valladolid los dos investigados, que tenían estipulado declarar ayer, el ya citado Benedicto González y el exdirector gerente de Gestulcar, Salvador Molina, quien también negó cualquier responsabilidad en el asunto, aunque tendrá que volver a declara en un mes.
Las declaraciones de los primeros 17 investigados arrancaron el pasado 6 de mayo, con el gerente del estudio de arquitectura, Francisco López, al que la Consejería de Economía de la Junta había adjudicado el proyecto Centro de Soluciones Empresariales sin haberlo sacado antes a concurso público, tal y como declaró el arquitecto ante el juez.
El posible caso de malversación de fondos se remonta a marzo de 2009, cuando el edificio de Arroyo fue otorgado por la empresa pública Gestulcar a Urban Proyecta MP3, por un precio de más de 52 millones de euros, aunque unos sobrecostes elevaron la cifra final a más de 70 millones, que tenía como fin ubicar parte de las dependencias de la Consejería de Economía y Empleo en dicho lugar.
Fue en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía, cuando se inició la investigación de unos presuntos delitos cometidos por parte de las empresas públicas Povilsa, ADE y Somacyl.
