La Junta de Castilla y León prevé que en un día un empresario o emprendedor pueda abrir su negocio, en el caso de los más frecuentes y menos complejos, con las nuevas medidas de reducción de trámites aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno, entre las que se encuentra la comunicación previa y declaración responsable que sustituye a la autorización y permitirá iniciar la actividad sin esperar a la respuesta de la Administración.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las medidas acordadas para la reducción y simplificación de cargas administrativas con el objetivo de favorecer la actividad empresarial en Castilla y León. "Menos trámites, menos tiempo, más acompañamiento a los emprendedores y menos coste", resumió el consejero.

Tras recordar que el avance en la simplificación administrativa es un compromiso de investidura del presidente de la Junta, el titular de la Presidencia afirmó que ya en la pasada legislatura se adoptaron medidas en esa dirección para la mejora del funcionamiento de la Administración y añadió que en las aprobadas ayer se lleva trabajando tiempo. La reducción de costes administrativos y de plazos se producirá con la teletramitación, que alcanzará el nivel 4 -todo se podrá realizar de manera electrónica-; la simplificación administrativa, donde se recogen mapas de procesos o una solicitud única; el acompañamiento para los procesos más complejos, para lo que habrá diez centros de gestión unificada; la colaboración, apoyo y seguimiento. En el marco de la teletramitación, obligado por ley, precisó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Telecomunicaciones, los servicios de informática de las consejerías, la ADE y el ITACYL adoptarán las medidas necesarias para alcanzar el nivel cuatro -realización de todos los trámites vía electrónica- en todos los procedimientos. De Santiago-Juárez otorgó especial relevancia al programa de simplificación administrativa, estructurado a través de la aprobación de los mapas de procesos, el régimen de intervención, la solicitud única, la documentación que se debe aportar y la modificación normativa. El calendario pasa por aprobar algunos de estos procesos entre los meses de mayo y junio.