El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aceptó ayer el argumentario de la carta remitida por la comunidad a Cristóbal Montoro y reconoció que "Castilla y León no tiene que hacer ningún ajuste, ninguna no disponibilidad de crédito ni ninguna retención", cuando hace unos días el ministro exigía en una misiva recortes por 328 millones. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, mantuvo una reunión bilateral con el responsable ministerial por videoconferencia para abordar el déficit, que calificó de "extraordinariamente positiva". Del Olmo asumió, no obstante, que deberán presentar un nuevo plan económico financiero, como el ejercicio anterior, por la desviación del déficit del año pasado.

En este sentido, recordó que el plazo para su elaboración es de un mes desde que se les comunica su obligación, pero dio por hecho que se ampliarán los plazos, porque la ampliación del margen de déficit a las autonomías desde el 0,3 al 0,7 por ciento, que se pondrá hoy sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se deberá comunicar a Bruselas, que lo tiene que aprobar.

Así, recalcó que ese trámite supondrá "evidentemente" una "demora" en el tiempo y aunque reconoció que irán trabajando en el plan, indicó que no lo harán con el 0,3 por ciento de objetivo de déficit, sino que lo cerrarán ya con el mayor margen del 0,7 por ciento.

Del Olmo también explicó que no tiene previsto modificar los presupuestos de la Comunidad para este año, y precisó que el mayor margen de gasto por la ampliación del déficit del 0,3 al 0,7 por ciento, se utilizará para hacer frente a las más que posibles desviaciones del gasto sanitario. Al respecto, defendió que sus cuentas son "buenas y están ajustadas", y reiteró que "en el único sitio" en el que se puede producir una desviación es en la sanidad, que es donde se generan los problemas, y "ese mayor margen otorgado es para hacer frente a esas posibles desviaciones en el gasto sanitario".

Pilar del Olmo también abordó con Beteta los problemas que está teniendo la comunidad para pagar en el plazo legal de 30 días a sus proveedores, y expuso que están analizando con el departamento que dirige Cristóbal Montoro, "fórmulas alternativas", como la puesta en marcha de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) específico desde el Gobierno o que se les permita un endeudamiento a corto plazo, cuestión que debería pasar por el Consejo de Ministros.