La Audiencia Nacional admitió a trámite este pasado martes el recurso contencioso administrativo presentado por el partido político Equo y la plataforma Ecologistas en Acción contra la autorización previa para la instalación de una mina de uranio a cielo abierto en una zona comprendida en los términos municipales salmantinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Energía, a la empresa minera australiana Berkeley, según publicó anoche "El País" y confirmaron esta mañana a Ical fuentes de la Audiencia Nacional y de Equo.
La concesión del permiso previo se realizó a través de una Orden de la Secretaría de Estado de Energía aprobada el pasado 17 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 25 del mismo mes, en la que figura además la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 2013 y la conformidad del Consejo de Seguridad Nuclear, tras la información adicional remitida por Berkeley en 2014, en los límites y condiciones establecidas por el propio CSN.
Fue entonces cuando Equo y Ecologistas en Acción, y tras la negativa de las Cortes regionales de instar a la Junta para la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental, presentaron su recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Con la admisión a trámite del mismo, el Ministerio tendrá 20 días hábiles para remitir la documentación y el expediente de autorización previa tanto a la Audiencia Nacional como a la parte demandante, que una vez estudie dicha documentación, podrá presentar la demanda contra la instalación minera de Berkeley en un proceso judicial que, según asegura a Ical el abogado de Equo personado en la causa, Manuel Serrano, "podría demorarse entre cuatro y cinco años".
Además de la propia oposición a la mina, la fundamentación jurídica realizada por Equo a la hora de presentar su recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional se basa en que, por un lado, "es el Estado, a través del CSN, y no la Junta quien tiene que evaluar el proyecto". Por otro, Equo argumenta que la Declaración de Impacto Ambiental está hecha sobre la mina pero no sobre la planta de fabricación de concentrados de uranio y la de almacenamiento de residuos radioactivos, "que quedaron camufladas en el proyecto inicial presentado por Berkeley" y que son las que, a su juicio, presentan un problema de seguridad nuclear. Y, por último, porque "no se ha consultado al gobierno portugués cuando existe un problema evidente de riesgo de contaminación del Duero por la posible rotura de las balsas" donde se almacena el uranio tratado.
Proyecto polémico
Además de por su impacto medioambiental, el de Berkeley en Retortillo y Villavieja de Yeltes es un proyecto polémico por la vinculación del 'número dos' del exministro de Agricultura y actual comisario de Energía Miguel Arias Cañete, Manuel Lamela, con la empresa minera australiana, puesto que fue "fichado como representante de Berkeley en la Unión Europea semanas antes de someter el proyecto a examen en Europa", tal y como recordó el procurador de IUCyL-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, el pasado 24 de febrero tras conocer la denegación por parte de la Comisión Europea de dar a conocer el informe que autoriza la puesta en marcha de la mina de uranio por la negativa expresada por Berkeley.
