El número de personas de Castilla y León inscritas en el registro de titularidad compartida en las explotaciones agrarias asciende sólo a 80, desde que la normativa sobre esta figura vio la luz en 2012 con el reto de reconocer plenamente el trabajo y la responsabilidad de las mujeres junto a sus cónyuges en esta actividad.

No obstante, Castilla y León acumula el 42,7 por ciento de los 187 inscritos en este instrumento, lo que la convierte en la autonomías con mayor número de personas acogidas, seguida de lejos por Castilla-La Mancha, con 53; Extremadura , con 14; y La Rioja, con 13.

Asimismo, los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reflejan que en el registro hay inscritos siete catalanes; seis andaluces; cuatro asturianos; tres cántabros, navarros y valencianos, en todos los casos; y un murciano.

La titularidad compartida supone la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación compartida entre los dos miembros; el reparto de rendimientos al 50 por ciento; la consideración de ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación; y la cotización en la Seguridad Social por parte de ambos.

Inscribirse en el registro supone ventajas, según el ministerio que dirige Isabel García Tejerina, que se refieren al acceso a la condición de explotación prioritaria; un trato preferente en las bases reguladoras de las subvenciones financiadas por el Estado; y al disfrute prioritario de formación y asesoramiento en materia de agricultura.

Los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL y La Alianza UPA-COAG) asumieron el "fracaso" de este instrumento de reconocimiento a la labor de la mujer en el campo, y expusieron la preferencia absoluta que existe por la titularidad individual.