Los sindicatos piden a la Junta una ley contra las deslocalizaciones de empresas

La vicepresidenta, que observa dudas legales, recuerda en la reunión con los agentes sociales la nuevas ayudas puestas en marcha para trabajadores

13.04.2016 | 00:45
Los sindicatos piden a la Junta una ley contra las deslocalizaciones de empresas

Los sindicatos quieren que el protocolo para actuar contra las deslocalizaciones de empresas en Castilla y León esté blindado por ley, mientras que la Junta, que ve dudas legales, recuerda las cuatro novedosas medidas para los trabajadores ya en marcha, entre ellas el fomento para la creación de empresas de economía social. Además, CCOO y UGT se mostraron hoy optimistas en convencer a Lactalis de mantener Lauki en Valladolid ante el riesgo de que un cierre fraudulento acabe en los tribunales.

Junta, sindicatos y Cecale repasaron ayer, durante la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, las medidas recogidas en la Estrategia Integrada de Empleo, donde figuran ocho específicas, por importe de 12 millones de euros, cuatro de ellas "novedosas" para los trabajadores, y acordaron reforzar la Fundación Anclaje para que se cuente con un protocolo de actuación en los casos de deslocalización de empresas.

Planes industriales

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, explicó que ese protocolo de actuación deberá recoger cómo revertir la situación, proponer alternativas en caso de llegar al cierre, ve su significado, involucrar a todas las instituciones y a las empresas, habilitar planes industriales y estar al lado de la parte social.

Los números dos de CC OO, Vicente Andrés, y de UGT, Evelio Ángulo, remarcaron la necesidad de que el protocolo para ver cómo tienen que proceder la administración y los agentes sociales tenga rango de ley y se pueda facilitar la transmisión de la actividad productiva a empresarios locales, como ocurrió con Fontaneda, cuyo modelo reivindicaron en caso de que se haga efectivo el cierre de Lauki en Valladolid, si bien advirtieron que ese texto se basaría en la voluntariedad de las compañías.

Valdeón calificó de "razonable" la propuesta de los sindicatos, pero apuntó a que existen dudas jurídicas y legales porque las competencias las tiene el Estado e incluso estarían sujetos al ordenamiento de la Unión Europea. "Técnicamente es complejo", apuntó, al tiempo que se detuvo en cuatro líneas novedosas recogidas en el conjunto de las existentes en la Estrategia Integrada de Empleo.

Las ayudas, destacadas también por los dirigentes sindicales, se refieren a trabajadores a partir de 55 años que han agotado sus prestaciones para sufragar las cuotas de la Seguridad Social, para la constitución de empresas de economía social, para empleados de sectores agrarios en periodo de suspensión de los contratos por la temporalidad y a aumentos hasta el SMI para trabajadores que han agotado Eres suspensivos.

Ayudas económicas

Sobre el fomento para la constitución de empresas de economía social, Valdeón precisó que los trabajadores contarían con ayudas económicas de la Junta -3.000 euros por nuevo socio o miembro- y con el asesoramiento, pero rechazó la entrada de la administración en su capital social.

El representante de Cecale, David Esteban, resaltó que se cumplen las propuestas recogidas en los planes firmados en el marco del Diálogo Social y defendió que "se dé una vuelta" a la Fundación Anclaje para reforzar y actualizar su función para actuar en caso de las deslocalizaciones de empresas.

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