Los consejeros tendrán un límite de mandato de 8 años y rendirán cuentas en las Cortes

La Junta da luz verde al anteproyecto que regula el Estatuto de los Altos Cargos, que establece las incompatibilidades para ser procurador

02.04.2016 | 01:41
La portavoz de la Junta -Rosa Valdeón, centro-, el consejero José Antonio de Santiago-Juárez y la consejera Pilar del Olmo, en la rueda de prensa. Foto I

Los consejeros del Gobierno autonómico tendrán una limitación de mandato de ocho años y deberán rendir cuentas en las Cortes a mitad de legislatura, aunque no entrará en vigor ya hasta la próxima legislatura, tal y como recoge el anteproyecto de ley por el que se regula el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de Castilla y León, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que explicó el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien tildó el anteproyecto de "valiente y el más novedoso".

Una futura norma que, según De Santiago-Juárez da respuesta a la demanda de la sociedad de regeneración democrática, al compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera -que lo anunció para máximo el mes de julio- al pacto firmado con Ciudadanos, a algunos aspectos con el resto de grupos y al acuerdo también con las organizaciones sindicales.

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración de la comunidad y de las entidades a ella adscritas para lograr una mayor cercanía y eficiencia de los altos cargos en el ejercicio de sus funciones y un mayor control de su actividad. A efectos de lo previsto en la presente ley, se consideran altos cargos: los miembros de la Junta de Castilla y León -presidente y consejeros-; los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales, o asimilados a algunos de los anteriores de la Administración General o de la Administración Institucional;y los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas que tengan un contrato de alta dirección. En lo que se refiere a la regeneración democrática, según explicó el consejero, los consejeros del Ejecutivo no podrán estar más de ocho años en su cargo y los directores generales y secretarios de los distintos departamentos deberán ser nombrados entre los empleados públicos.

Además, los consejeros deberán hacer a mitad de legislatura una especie de debate de política general en las Cortes, donde tendrán que explicar el desarrollo de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura Además, entre los artículos se recogen cuestiones como el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses, la obligatoriedad de un Código Ético y de Austeridad.

Se impide que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración Pública. Tampoco podrá serlo quien haya sido sancionado con el cese por infracción administrativa cometida en el ejercicio de sus funciones. Se regula de manera detallada el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses. Asimismo, se regulan por primera vez las limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades privadas tras el cese, las denominadas "puertas giratorias" completando y ampliando el régimen previsto en el Código Ético y de Austeridad. Se regula por primera vez un régimen de infracciones cuyas sanciones serán aplicables a los altos cargos por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones; estas irán desde el apercibimiento hasta el cese y la imposibilidad de ser alto cargo den un periodo de entre cinco y diez años

Procuradores

La ley electoral autonómica se modificará con este anteproyecto de ley en la cuestión de impedir que la condición de presidente de diputación provincial y la de alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes sea compatible con la de procurador en las Cortes de Castilla y León En una de las partes del anteproyecto de ley se detallan algunos aspectos introducidos con el propósito de aproximar a los castellanoleoneses las decisiones políticas. Para ello, se modifica la Ley de Gobierno, exigiendo que periódicamente se celebren fuera de su sede, abiertos a los medios de comunicación, y reservando un tiempo para sugerencias de los ciudadanos.

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