La Junta de Castilla y León arrancó ayer una serie de reuniones enmarcadas en el grupo de trabajo constituido para definir la cartera común y homogénea de competencias de las mancomunidades de interés general rurales y los consorcios provinciales de servicios generales, reguladas en la Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio. El objetivo es alcanzar una propuesta consensuada, a partir de la cual la Consejería de la Presidencia elabore un decreto en el que poder recoger competencias y servicios. "Una administración, una competencia", así como "eficacia, eficiencia y capacidad son los criterios generales sobre los que se basa el análisis de competencias".

Este primer encuentro, presidido por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, se abordaron las tres primeras materias locales concretadas en la previa reunión de constitución: infraestructuras generales, servicios administrativos, cooperación y asistencia interadministrativa. Las reuniones del grupo de trabajo rotará por diversas provincias de la comunidad.

A la reunión se sumó ayer la presidenta de la diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo.