La Junta de Castilla y León ha empezado a dar los primeros pasos en la elaboración de la futura ley por la que se regularán las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.
Para ello, el Consejo de Gobierno analizó ayer el anteproyecto de esta ley que busca dar un "plus de garantía" a esos informantes y avanzar "con más contundencia" y con hechos en la necesaria prevención del delito, máxime en estos momentos en los que se habla de regeneración democrática, un concepto que, en su opinión, se está "saboteando demasiado" sin esos hechos.
"Tenemos mucha prisa", reconocía el consejero de la Presidencia quien abogó por la "tramitación urgente" en las Cortes de este texto que será negociado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos que convocará la próxima semana y se pondrá a disposición durante 15 días en el Portal del Gobierno Abierto para que los ciudadanos planteen sugerencias. El texto pasará también por el Consejo de Función Pública para someterse a información del Consejo Consultivo, también por el trámite de urgencia.
Entre las principales medidas de la futura norma es que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que hayan comunicado una posible incidencia, una protección que será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones -entre dos y seis meses- y en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo.
Sobre la nueva norma, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, consideró que existen "contradicciones" entre lo defendido por el Grupo Popular en las Cortes y el Gobierno autonómico para combatir la corrupción y en concreto para proteger a los empleados públicos que informen de aparentes delitos.
A través de un comunicado, Fuentes manifestó su "extrañeza" por las "contradicciones" existentes, ya que "el consejero de la Presidencia critica ahora una propuesta que su Grupo Parlamentario aprobó en las Cortes". En la rueda de prensa, De Santiago-Juárez ha criticado una propuesta inicial de Ciudadanos porque estaba "muy mal formulada", mientras que posteriormente consensuaron con el PP un texto alternativo para, entre otras cosas, incluir la prevención sancionadora contra la denuncia falsa. Fuentes avanzó que C's estudiará con detenimiento el texto y "en caso de que sea un mecanismo realmente útil" será aprobado, aunque ha dudado del "espíritu real" de las propuestas.
