Todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León dieron su apoyo ayer, durante el pleno del Parlamento, a una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para instar a la Junta a que solicite al Gobierno de la Nación que desarrolle un cambio normativo que incluya la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus miembros.

El portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, justificó esta propuesta en la necesidad de que Castilla y León impulse esta modificación para avanzar en su objetivo de regeneración democrática. "Valoramos los pasos dados gracias a acuerdos con el PP y el PSOE pero somos ambiciosos porque el sistema democrático no funciona con la higiene que requiere", subrayó Fuentes, quien recordó que los casos de corrupción no son "hechos aislados" sino que son "organizados y grupales". A la propuesta, el Grupo Podemos presentó una enmienda que finalmente no fue aceptada por el grupo proponente, por considerarla "liviana y corporativista". La encargada de defenderlo fue la procuradora Adela Pascual, quien afeó a Ciudadanos que hable de la corrupción cuando mantiene un gobierno del PP que es el primer partido imputado por esta causa.

También en el Pleno de ayer, el Grupo Popular vetó que siga adelante en las Cortes la proposición de ley del PSOE sobre medidas de protección ambiental para los proyectos de fractura hidráulica o "fracking", a la que ya se opuso la Junta, por entender que es una propuesta "ideológica". Por último, las Cortes aprobaron por unanimidad de todos los grupos, una Proposición no de Ley para instar a la Junta a que pida al Gobierno que trabaje por la readmisión de los 68 trabajadores despedidos del Grupo Tragsa.