A partir del 1 de enero de 2016 la Junta de Castilla y León "se obliga" a pedir tres ofertas para los contratos de obra de más de 6.000 euros y en los de otro tipo cuando superen los 3.000 euros, según acordó ayer el Consejo de Gobierno.

Se trata, según explicó la vicepresidenta y portavoz de la Junta, la zamorana Rosa Valdeón, de uno de los compromisos del discurso de investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dentro de su apuesta por la transparencia, control y eficiencia de la gestión de los recursos públicos.

Esta medida afecta a un volumen importante de contratos menores, que son unos 8.000 al año, hasta 5.073 en los tres primeros trimestres del año en lo que se refiere a la Administración General de la Comunidad, sin incluir las gerencias de Salud y de Servicios Sociales y algunos contratos de la Consejería de Cultura, según precisaron fuentes de la Consejería de Hacienda.

"Son muchísimos, ya que es el día a día" necesario de la administración, ha referido Valdeón en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Además, será preciso justificar en el expediente los motivos para la selección del contratista, salvo que la proposición del contratista sea la de menor cuantía.

Junto a esto, esta regulación amplía el procedimiento de concurrencia; contempla la utilización preferente de las comunicaciones electrónicas en las relaciones con proveedores y contratistas; refuerza la justificación de la adjudicación, e intensifica el control presupuestario desde el inicio de las decisiones de gasto en la medida en que obliga a formalizar documentos de retención de crédito por el valor de lo contratado.

Las directrices sobre esta cuestión prevén que en las Gerencias de Atención Especializada, de Atención Primaria y de Emergencias las tres ofertas puedan sustituirse por catálogos de precios de referencia o fichas de cotización de productos, siempre y cuando contengan las cuantías por las que podrían ejecutar la obra o servicio al menos tres empresas capacitadas para su realización. Esto afecta a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITA), el Ente Público Regional de la Energía (EREN) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

Además, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la concesión de un paquete de subvenciones por importe de 737.846 euros a los agentes económicos y sociales para la realización de estudios de prospección y análisis de nuevas oportunidades en el sector industrial de Castilla y León. Estas ayudas se dirigen a la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale), la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y se enmarcan dentro del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial.