La Junta implantará el sistema de tarjetas prepago como complemento al servicio de reparto de alimentos y para abonar las ayudas de necesidades urgentes a personas vulnerables en toda la comunidad en 2018. El objetivo de esta iniciativa, que comenzará en febrero próximo con una experiencia piloto en una provincia de la región con 300 familias seleccionadas por la Gerencia de Servicios Sociales, busca evitar la estigmatización y fomentar la normalización al permitir que los beneficiarios puedan elegir los productos que deseen consumir. En la actualidad, unas 26.000 personas al año son beneficiarias del servicio de reparto de alimentos y 30.000 reciben ayudas de emergencia social, de las que 8.200 corresponden a alimentación.

La puesta en marcha de la experiencia piloto será posible gracias a la aportación de 90.000 euros de CaixaBank, entre 2015 y 2017, al Fondo de Solidaridad que será el encargado de fijar los detalles de la aplicación de esta iniciativa como la provincia, la corporación local y la entidad social elegida. Un periodo que servirá para evaluar su efectividad y aplicarlo después a todas las provincias de la comunidad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, destacó ayer el proyecto porque servirá como complemento al servicio de distribución de alimentos ya existente, tanto ordinario como urgente, pero con una mejor respuesta al ofrecer mayores posibilidades de elección de los productos frescos y perecederos pero también al facilitar el uso de estas tarjetas anónimas como soporte de las ayudas en situaciones de urgente necesidad.

Todo ello gracias a que las familias y personas vulnerables recibirán una tarjeta prepago con un crédito mensual asignado en función del número de miembros para la compra de productos alimenticios en cualquier establecimiento que tenga habilitado el pago con tarjeta. De esta manera, precisó, este sistema evitará pagar con cheques o recoger alimentos frescos en organizaciones.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, José Manuel Bilbao, apuntó tras la firma del convenio de colaboración con la Consejería que el sistema pionero, dotado de una innovación tecnológica, permitirá activar las tarjetas en determinados ramos de comercio y así facilitar la compra solo de códigos de productos de alimentación, excluyendo la adquisición, por ejemplo, de ropa. A su juicio, la iniciativa es "necesaria" y supone un paso importante para la normalización de las familias.