Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con la abstención del Grupo Socialista, una moción de Podemos que plantea alcanzar un acuerdo para luchar contra la despoblación, que escenifique también que el trabajo del parlamento autonómico sirve para "mejorar" las vidas de las personas. El texto, que defendió el portavoz de la formación morada Pablo Fernández, incluyó una enmienda popular para alcanzar un pacto en la comunidad, con los agentes sociales como protagonistas, para hacer frente a los desafíos demográficos.

La moción de Podemos logró el apoyo de Ciudadanos, el Grupo Mixto -IU y UPL-, y el PP, mientras los socialistas se abstuvieron ya que el texto inicial planteaba crear una mesa de trabajo para plantear nuevas medidas y evaluar las aplicadas por la Agenda de la Población. De esta forma, la Cámara instó a la Junta a promover un acuerdo político en materia de despoblación, así como a plantear medidas concretas para el periodo 2015-2020, que permitan cumplir los objetivos fijados en la Agenda, una vez que éstos se revisen.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, expresó ayer la voluntad de acuerdo con medidas para luchar contra la despoblación en Castilla y León, pero rechazó unirse a "grupos inútiles y fotos inocuas", como consideró el pacto de comunidad entre Podemos, Ciudadanos, Grupo Mixto y PP.

Además, las Cortes aprobaron ayer con los votos del Grupo Popular y Ciudadanos una proposición no de ley que insta a la Junta a desarrollar en un plazo de un año, y no seis meses como figuraba en el texto debatido en la anterior sesión plenaria, una normativa autonómica "innovadora" en España que proteja jurídicamente a los empleados públicos y funcionarios que denuncien episodios de corrupción en la administración. Además, hace esta misma demanda al Gobierno y le pide que adecue las penas por denuncias falsas probadas.

Por último, el Pleno dio luz verde a una proposición no de ley que insta al Gobierno a aprobar una bonificación fiscal para el carbón autóctono, conocida como "céntimo verde", así como una petición para que la Junta pida al Gobierno una nueva ley de régimen local sobre financiación.