El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, confió ayer en que el Tribunal Superior Justicia de Castilla y León desbloquee la paralización cautelar de la oposición de Enfermería, cuyos exámenes estaban previstos para el 22 de noviembre, y puedan celebrarse con la mayor brevedad posible, una vez que se resuelvan los problemas de intendencia. El consejero, que afirmó que en ningún momento se ha planteado dimitir, dijo que espera que el TSJ entre en el fondo asunto con celeridad y se pronuncie en el mismo sentido que en su día lo hicieron los tribunales en Andalucía y el Principado de Asturias que avalaron procedimientos similares, en los que también se habían convocado los exámenes transcurridos tres plazos desde la convocatoria de la oposición.

El consejero, que en más de una ocasión pidió disculpas a los 22.000 enfermeros que iban a examinarse en diez días, insistió en que no entiende la posición de la Administración General del Estado, porque se causa un perjuicio sin ningún beneficio, teniendo en cuenta, añadió, que lo único que se busca es consolidar empleo y que además no supone ningún incremento del gasto -otro de los argumentos expresados por el Estado-, ya que estas 554 plazas están ocupadas por persona interino.

"Hemos intentado dar mayor estabilidad en el empleo, con un procedimiento ya usado en otras comunidades autónomas y avalado por sus tribunales de justicia", asegura. El consejero añadió que, además, los sindicatos con los que se negoció la convocatoria en Mesa Sectorial conocían la situación, y ninguno planteó paralizar o no convocar el proceso de consolidación, sino que todos apostaron por reducir la interinidad de la plantilla.

Las reacciones políticas y sindicales se sucedieron a lo largo de la jornada de ayer. Así, la oposición socialista exigió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el cese inmediato del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, por la sentencia del TSJ que ha paralizado de forma cautelar las oposiciones de enfermería ante lo que tilda de un "desastre sin precedentes y una negligencia manifiesta" del Ejecutivo de la Comunidad. "No vale pedir disculpas a los afectados, hay que asumir las consecuencias y pedir responsabilidades", enfatizó la secretaria autonómica de Organización, la zamorana Ana Sánchez, durante una rueda de prensa.

En idénticos términos se expresaba el procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, que también ha solicitado la comparecencia del Consejero de Sanidad para informar sobre la suspensión. Asimismo, exige la dimisión inmediata del mismo, dada la incompetencia mostrada en el proceso, señala un comunicado.

Por su parte, el Grupo de Ciudadanos (C's) presentaba en la mañana de ayer en las Cortes una petición de comparecencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, para que informe a la Comisión pertinente sobre las actuaciones del Gobierno autonómico, así como la información que obre en poder de esta institución, acerca de la suspensión de la convocatoria de oposiciones de enfermería.

Por último, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y subrayó que actuó de "buena fe" y de "buena voluntad" al intentar mejorar el empleo en los servicios públicos esenciales de la comunidad.