Los altos cargos dimitirán, si se abre juicio oral por un delito contra la Administración

La Junta renueva su Código Ético y de Austeridad aprobado en 2011 y se incorporará a la futura ley que regulará el ejercicio profesional

16.10.2015 | 06:10
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, explica las decisiones del Consejo de Gobierno.

La Junta de Castilla y León renovó ayer jueves en el Consejo de Gobierno su Código Ético y de Austeridad aprobado en 2011 en el que se incluye como novedad la determinación de que los altos cargos tanto del Ejecutivo regional como de fundaciones y entidades públicas deberán dimitir en el caso de que se abra un juicio oral por un delito contra la administración pública.

La vicepresidenta de la Junta, la zamorana Rosa Valdeón, ha detallado que el Código, que se incorporará a la futura ley que regulará el ejercicio del alto cargo, afecta a responsables tanto de la Junta como de fundaciones y empresas públicas y establece además que éstos no podrán formar parte de mesas de contratación o de tribunales para la selección de empleados públicos ni de las comisiones de valoración en los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva.

Según este Código los afectados deberán asimismo abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal y no podrán aceptar ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza.

Valdeón detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el contenido que recoge el Código Ético y de Austeridad se estructura en torno a pilares como la "objetividad, la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad".

Además, los altos cargos comunicarán a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra su persona. Los afectados deberán también hacer pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su condición de alto cargo y renunciarán a las cantidades que les pueda corresponder por dicha participación

El texto también establece que en los dos años siguientes a su cese, las personas que hayan tenido la condición de alto cargo no podrán ser contratados por empresas que sean concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran participado en el correspondiente proceso de adjudicación.

Coches oficiales

La vicepresidenta de la Junta explicó que solo tendrá coche oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno, no obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible.

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