La Audiencia Nacional obliga al Gobierno a abonar 30 millones de euros a Uminsa, perteneciente al empresario Victorino Alonso, correspondientes a las ayudas del 2012 y que fueron denegadas una resolución dictada por el Ministerio de Industria el 19 de febrero 2013. Y es que desde el Gobierno tendrán que desembolsar ahora 50 millones de euros para hacer frente al pago a Uminsa y también a Coto Minero Cantábrico (CMC), al que también pagar unos 20 millones. Esta sentencia judicial procede a anular las resoluciones del Instituto del Carbón y exige que dé traslado al Consejo de Ministros de la petición para que se proceda al abono de las cantidades correspondientes a la sociedad carbonera. Así lo confirman fuentes del grupo Alonso.
