Las víctimas de violencia de género tendrán un coordinador de caso para su seguimiento

La vicepresidenta y portavoz autonómica acepta posibles mejoras en la Renta de Ciudadanía pero con "limitaciones", entre ellas, el presupuesto

11.09.2015 | 00:19

Las víctimas de violencia de género en Castilla y León -mujeres y menores y personas que dependan de ella- contarán con un coordinador de caso o profesional de referencia para su atención y seguimiento en un modelo que busca dar una respuesta individualizada, unificada, inmediata e integrar con el "Objetivo Violencia Cero".

Ésta es una de las medidas recogida en las trece directrices para el trabajo en red del modelo de atención integral "Objetivo Violencia Cero" en Castilla y León aprobadas ayer en el Consejo de Gobierno y explicadas en la rueda de prensa posterior por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que recordó que se trata de un compromiso de legislatura del presidente de la Junta.

García destacó que el coordinador del caso garantizará una atención integral y personalizada desde la fase de detección, llamada a los teléfonos especializados 012 y 016, valoración, prestaciones que se pueden recibir y seguimiento y evaluación. Además, en casos de alto riesgo, habrá un plan individual de seguridad preventivo y una intervención compartida con otros profesionales.

Las directrices, en las que han participado 60 profesionales en cinco grupos de trabajo, parten del objetivo de erradicar la violencia de género y para ello se apuesta por una atención integral a todas las víctimas y por una sensibilización, especialmente en el ámbito educativo. La consejera insistió en la respuesta personalizada e inmediata para conseguir su integración social.

También se pretende la integración en el sistema con la puesta en marcha de todos los recursos recogidos en el catálogo de prestaciones de servicios sociales y en la ley contra la violencia de género en Castilla y León, aprobada en 2010 y en la que la condición de víctima se extiende a las personas y menores dependientes de la mujer acosada.

En otra de las directrices se establece como personas destinatarias no sólo las mujeres víctimas, sino los destinatarios causantes de la violencia con el fin de eliminar conductas que la motivaron.

También se definen los agentes y colaboradores, especialmente los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, el modelo de atención que se canaliza a través de los equipos de acción social básica, en colaboración con jueces y fiscales y fuerzas de seguridad, y las actuaciones orientadas a la prevención. Por otra parte, la Junta está dispuesta a ampliar y flexibilizar los requisitos para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, como plantea el Procurador del Común, siempre que sea "mejorable y razonable", que se mueva en el marco de la legalidad y que exista partida presupuestaria.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón se manifestó así en relación a la resolución del defensor de los ciudadanos de la comunidad, en la que propone que la renta de ciudadanía pueda ser compatible con cualquier tipo de ayuda. Valdeón manifestó que se valorarán todas las medidas en el seno del Diálogo Social y se avanzará en ella si son legales y existe presupuesto, en referencia a propuestas del alto comisionado como que no se suprima la ayuda a inmigrantes por viajar a su país pero que mantienen su residencia en la comunidad.

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha argumentado que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no pueden declararse libres de la práctica de la fractura hidráulica para extraer gas natural, por lo que ha considerado que quienes lo piden defienden algo que "no es real".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, Valdeón ha denunciado el "uso distorsionado de la realidad" que en su opinión están haciendo otros partidos porque el Tribunal Constitucional ha dictaminado que ayuntamientos y autonomías no son competentes en esta materia, ya que corresponde al Gobierno central dar las autorizaciones para investigar o explotar una zona.

La portavoz ha recordado que estos procedimientos están "absolutamente reglamentados" y dependen de una ley que fue aprobada por el gobierno socialista, que sigue en vigor.

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