Los procesos de reordenación y racionalización del sector público en Castilla y León permitirán al Ejecutivo autonómico un ahorro este año de 116,22 millones de euros. El último informe publicado días atrás por el Ministerio de Hacienda, que refleja la situación a 1 de enero de 2015, expone que al cierre del quinquenio 2011-2015, la Junta se habrá ahorrado 1.441,79 millones de euros gracias a las actuaciones de reestructuración o extinción de entes públicos, con una reducción de sus plantillas en 4.129 efectivos.
El documento asegura que Castilla y León se habrá ahorrado a finales de este año 41,77 millones de euros por extinción de entes, que han conllevado 567 puestos menos; y 1.400 millones por la reestructuración de los que subsisten, con 3.562 puestos de trabajo eliminados en los cinco años de estudio.
Los datos que maneja el Gobierno reflejan que Castilla y León contaba a fecha 1 de enero de este año con 59 entes públicos dependientes del Ejecutivo regional, lo que supone 26 menos que en el arranque de julio de 2010. Así, durante el periodo de crisis que ha obligado a rediseñar la Administración autonómica para reducir gastos para hacer frente a la merma de ingresos, la comunidad ha hecho desaparecer de forma efectiva 22 entes públicos; y cuatro de ellos se encuentran dentro de "procesos en curso de estadios muy próximos a la extinción".
Sin embargo, el documento aclara que la comunidad ha asumido hacer desaparecer de forma global 28 entes, con lo que una vez concluido todo el proceso, contaría con 57 operativos. Así, con estos datos, el informe de Hacienda indica que el grado de ejecución de la reducción global comprometida a 1 de enero de 2015, se situaban en Castilla y León en el 92,86 por ciento, frente a una media en España del 88,39 por ciento, con 754 entes afectados de los 853 comprometidos.
El estudio también recuerda que el compromiso inicial de reducción de entes, el 1 de enero de 2012, expresado por la autonomía señalaba a dos, mientras que la reducción efectiva, incluidos los procesos en fases muy próximas a la extinción, incluye 26, es decir, un 1.300 por ciento de ejecución sobre la intención inaugural, frente a una media en España del 148 por ciento, cuando el primer compromiso fue de 508, y ya se llega a 754.
Séptimo puesto
En el conjunto nacional, el estudio que facilita el departamento que dirige Cristóbal Montoro indica que el ahorro global por las medidas de reordenación y reestructuración impulsadas en las diferentes autonomías alcanzará al finalizar este año 27.618,54 millones. El número de empleos asciende a 46.887 efectivos menos.
En la comparativa con los procesos acometidos por otras autonomías, Castilla y León ocupa el séptimo puesto de la tabla en cuanto a los ahorros conseguidos, pero el cuarto en relación a los puestos de trabajo suprimidos en los entes afectados por los procesos. Por lo que se refiere a la reducción de las plantillas, Castilla y León se sitúa sólo por detrás de Cataluña, donde se han suprimido 12.850 puestos de trabajo en el sector público periférico; Castilla-La Mancha, con 9.968 trabajadores menos en sus entes públicos; y Valencia, con una reducción en 9.208. La menor reducción de plantillas por estos procesos también se produjo en La Rioja, con 74 puestos afectados.
