Alberto Esteban Aragón y Daniel Muñoz Molina son dos guardas rurales que desarrollan su actividad entre las provincias de Salamanca y Zamora. Empezaron a trabajar hace cinco años en los bosques de utilidad pública dentro del programa de regulación micológica que estableció Micocyl, con la Junta de Castilla y León, y gestionado por Cesefor, la entidad soriana dedicada a la conservación de los recursos naturales.

Una docena de guardas que empezaron a trabajar en aquel entonces vieron en la micología un nicho de empleo a crear una entidad, con una imagen propia. Así crearon ´Vigilancia Rural Salamanca¨. De aquellos doce, actualmente permanecen cinco guardas que atienden Salamanca y Zamora, aunque están intentando abrirse paso en Ávila. Alberto Esteban reconoce que en el resto de la Comunidad apenas tienen contacto con otros profesionales. Tan solo con 'Fedguard', una asociación de guardas con la que comparten formas de pensar y trabajar.

Los guardas rurales trabajan en suelo rústico. Su misión es vigilar, proteger y conservar la propiedad de bienes y derechos en el medio rural. A veces, su empleo está vinculado a la Administración pública y son considerados una especie de 'policía rural', dotados de más autoridad y bajo una legislación aplicable a abusos del espacio público, lindes, vertidos, sondeos o todo lo relacionado con la caza y la pesca.

Aunque son una empresa privada, este guarda rural reclama mayor atención por parte de la administración, y denuncia el abandono que padecen los pueblos pequeños que, en algunas ocasiones y debido a su tamaño, no cuentan ni con servicio de Guarda Civil cercano. De ahí, que negocien con mancomunidades o con la Diputación a través de un proyecto de regulación del Guarderio Rural.

El motivo al que aluden las instituciones para no tenerles en cuenta tiene que ver principalmente con motivos económicos y con los recortes que llevan a cabo desde hace algunos años, "pero no entienden que esto es una pequeña inversión que compensa enormemente las pérdidas que tienen ganaderos, agricultores y empresarios del mundo rural".

La Guardia Civil, el Seprona o los Agentes Medioambientales no pueden ocuparse de todo el suelo rústico, señala Esteban. Sobre todo de la cantidad de robos que se producen en el campo. Porque no solo roban cobre, añade, es que también están robando animales."Que le roben a un ganadero una partida de 30 cochinos, o a un criador de galgos casi todos sus perros o que le destrocen a un agricultor su instalación de riego robando el transformador o el motor, son problemas que nosotros podríamos evitar, por no hablar de los robos que se producen en infraestructuras públicas".

Aunque se han movido sobre todo por montes de utilidad pública de La Alberca, Candelario, El Cabaco, Nava de Francia, Lagunilla o Sotoserrano, también trabajan en cotos de caza de Villamor de los Escuderos, al sur de Zamora.

El resto de España

La figura del guarda rural también existe en el resto de España, pero de forma más estabilizada y regulada con respecto a Castilla y León. De esta manera, son considerados una figura semi pública de autoridad en el mundo rural con capacidad para cursar denuncias de manera que el trámite está canalizado por una misma vía administrativa. Si en la región fuera así, subraya Esteban, se solucionarían un montón de problemas y las sanciones repercutirían directamente de manera positiva en los propios municipios.

Algo que ya ocurre en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía, Cataluña o Navarra y el País Vasco que están muy avanzados en relación con el resto del país. Castilla y León es una comunidad "bastante atrasada" en este sentido y los ciudadanos no conocen la figura del guarda forestal, de ahí que se estén dando los primeros pasos para reivindicar esta figura.

Las competencias de un guarda rural tienen que ver con la vigilancia y protección del medio rural. Explotaciones agrícolas, madereras, ganaderas, instalaciones eólicas y fotovoltaicas, acuíferos, cotos, vías férreas, campings, es decir, todo lo relacionado con el suelo rústico y que está sin regulación, además de todas aquellas que, estando bajo el amparo de la Administración, recojan este tipo de funciones.

Aunque estos guardas rurales pertenezcan al rango de la propiedad privada, mantienen contactos y reuniones periódicas con la Guardia Civil y el grupo Roca para tratar de coordinar su trabajo. La colaboración entre unos y otros es total, pero "el volumen de incidencias que se producen en el campo son demasiadas para poder cubrirlas sin la ayuda de profesionales como nosotros", afirma Esteban. Por eso reclaman a empresas, instituciones, asociaciones profesionales como Asaja, o comunidades de regantes que se les tenga en cuenta y que no vean su contratación "como un mero gasto, sino como una solución".

El caso de los cotos de caza

En todas las revisiones de la Ley de Caza desde el año 94 hasta el 2014, el artículo 70 del título 10, que habla de la vigilancia, dice expresamente que "todos los cotos cuyos propietarios sean asociaciones de cazadores o entidades relacionadas con ellos, deberán contar con un servicio de vigilancia contratado por ellos mismos". Pero, en realidad, la interpretación que se hace de la ley no pasa por el cumplimiento de la misma y consideran dicha contratación como "algo opcional", explica Esteban.

Por este motivo, la única alternativa posible para poder trabajar en los cotos es ofrecer presupuestos "ultra reducidos" con contratos anuales pero con 36 jornadas al año de cuatro horas para que se repartan entre los días de caza y de media veda. "Pero lo ideal sería prestar nuestro servicio en el coto durante todo el año".

Lo que demandan los guardas forestales a los responsables de las distintas administraciones es que "no abandonen los pueblos, que abran nuevos nichos de empleo que han quedado ocultos con el tiempo y que, probablemente sean una vía para que el mundo rural vuelva a surgir".

Por ahora, el trabajo de estos profesionales consiste en "sembrar", en hacer sus propuestas a quien quiera escucharlas para que, algún día, dé resultados y puedan seguir trabajando por la conservación de nuestro entorno natural.