No es un fenómeno reciente, ni mucho menos. Pero en los últimos años ha adquirido la relevancia suficiente como para que el Senado decidiera, a petición del Grupo Socialista, constituir una ponencia de estudio extraordinaria para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, que se constituyó como tal en abril de 2014 en el seno de la Comisión de Entidades Locales. Esta Comisión aprobó esta semana el informe de la ponencia por unanimidad de todos los grupos, por lo que las conclusiones serán trasladadas al Gobierno para que las tome en consideración.

Así durante cerca de un año el Senado ha debatido los distintos aspectos que intervienen en este fenómeno de pérdida de población y abandono del mundo rural, que muy bien refleja el título del libro de Alejandro Macarrón Larumbe, director de la Fundación Renacimiento demográfico: El suicidio demográfico de España. El autor advirtió en esta ponencia de estudio de que "las consecuencias de la despoblación son negativas para la economía y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas al perder consumidores, mano de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y economías de escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios".

Unos efectos que llevan percibiendo desde hace décadas en los municipios más alejados de los grandes núcleos urbanos donde el abandono por falta de oportunidades laborales y el envejecimiento de la población han llevado a muchos responsables políticos a poner el foco en la "alarmante" despoblación de sus municipios o comarcas. El caso extremo por despoblación en España es la provincia de Soria.

"Según nuestras estimaciones, a 1 de enero de 2014, por cada 100 sorianos de nacimiento vivos, sólo había 54 españoles residentes en Soria, entre nativos sorianos y compatriotas procedentes de otras provincias", comenta Larumbe en la documentación presentada, y abunda en el hecho de que "las capitales y ciudades han vaciado en buena medida las zonas rurales, gran parte de cuya población se ha trasladado a las urbes".

El consejero de presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, también intervino en estas sesiones para demandar un gran pacto de Estado por la despoblación con la "imprescindible" participación de todas las administraciones afectadas, pero además una "necesaria reforma del modelo de financiación autonómica, con el fin de dar respuesta a los factores demográficos que inciden en un mayor coste en la prestación de los servicios".

El Senado propone medidas como la compensación a los padres por el coste de criar a los hijo o apoyar a las madres trabajadoras. Sin embargo, los ponentes coinciden, como afirmaron en las diferentes sesiones, que la causa principal del problema radica "en las menores oportunidades económicas" para los habitantes de las provincias que siguen perdiendo población desde 1950.

De hecho, todas las provincias de Castilla y León han perdido población en este periodo, encabezando la lista Soria con un -46 por ciento, seguida de Zamora -43 por ciento, Ávila -39 por ciento, Palencia -36 por ciento, Segovia -35 por ciento, Salamanca -33 por ciento, León -30 por ciento, Burgos -26 por ciento y Valladolid un -4 por ciento.

El documento consultado recoge hasta 50 iniciativas de este tipo como inversiones estatales en infraestructuras; medidas autonómicas para el mantenimiento de escuelas, centros de salud o comedores escolares; así como medidas relativas a los fondos europeos y su reparto, como que no tengan en cuenta solo parámetros de población.