La segunda sesión del Pleno de las Cortes celebrada ayer estuvo marcada por sendos acuerdos, casi unánimes, en torno al Estatuto del Consumidor y a la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y un bronco encontronazo en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Las Cortes aprobaban por unanimidad la modificación de la ley que regula la Renta Garantizada de ciudadanía para que las personas que cobran subsidios por desempleo bajos puedan ver complementado este ingreso al menos hasta los 426 euros. Los tres grupos parlamentarios, Popular, Socialista y Mixto, presentaron una proposición de ley que cambia las reglas para permitir esta ampliación de las condiciones y, por lo tanto del número de beneficiarios, potencialmente unos 7.800 según cálculos sindicales, aunque deberán cumplir con el resto de requisitos pedidos para cobrar la Renta Garantizada.

En el debate en el pleno de las Cortes de Castilla y León y a pesar de la aprobación, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha reconocido que la cantidad de la citada renta es "es escasa" y el parlamentario del PSOE Jorge Félix Alonso ha señalado que es "exigua". El acuerdo también llegaba con el trámite del Estatuto del Consumidor de Castilla y León. aprobado sin votos en contra, con la única abstención del procurador de IU José María González.

Después llegaba el turno para la aprobación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que salió adelante con los votos del Grupo Popular y la oposición del PSOE y del Grupo Mixto, en un ambiente de reproche mutuo principalmente entre los representantes del PP, Juan José Sanz Vitorio, y del PSOE, Fernanda Blanco.

En defensa del texto intervino en primer lugar el consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, quien lo definió como "el más completo de los que existen en España".

La Ley prevé que el Procurador del Común actúe como Comisionado para velar por la transparencia y atienda los recursos planteados por los ciudadanos en caso de no poder acceder a información pública, aunque este aumento de la carga de trabajo no supondrá un incremento de gasto en esta institución. Además, entre otras medidas, incluye la obligación de los altos cargos de la Junta de Castilla y León para presentar una declaración de bienes cuando accedan al puesto y otra al dejarlo. La socialista Fernanda Blanco consideró el texto "insuficiente".

La bronca política entre las bancadas de los grupos Popular y Socialista centró el debate para la constitución de dos comisiones de investigación solicitadas por el PSOE, ambas rechazadas por la mayoría absoluta del PP, sobre cuatro expedientes de la trama "Gürtel" en Castilla y León y también en relación a la vinculación de la actividad contractual de la Junta con la financiación del PP en el proceso electoral de las elecciones a Cortes en 1999 en Salamanca. Las votaciones de ambas solicitudes negaron la creación de las dos comisiones.

La procuradora socialista Ana Redondo sostuvo que la constitución de estas comisiones "serían la prueba del nueve, la prueba del algodón de la transparencia". "No dudo de Herrera, sino de su responsabilidad política por su relación con Jesús Merino, hombre de confianza de Herrera en Madrid e imputado en la trama "Gürtel"", indicó Redondo. En su defensa, el portavoz popular Carlos Fernández Carriedo destacó que la Junta ha actuado con total transparencia en este asunto, incluso con una comparecencia a petición propia, el 3 de abril de 2009, del consejero de Fomento, Antonio Silván. Entonces, dijo, el Grupo Socialista "pareció quedar conforme".