La Audiencia de Valladolid ha impuesto una pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión al que fuera inspector de Sanidad de la Junta de Castilla y León José Carlos P.G. por haber levantado numerosas actas de inspección a distintos establecimientos de la provincia que, según entiende probado la sala, confeccionó pese a no haber visitado los mismos y en las que adjuntó la firma, falseada, de sus titulares o encargados. El tribunal le considera autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y por ello acuerda inhabilitarle para el desempeño de empleo o cargo público por el tiempo de la condena.
