La Junta de Castilla y León alertó ayer de que los 3.600 consultorios locales en funcionamiento en la comunidad corren riesgo si la reforma local planteada por el Gobierno y en tramitación en el Congreso de los Diputados se aprueba como está, ya que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera considera que, pese a las mejoras introducidas, «gusta poco o casi nada y es poco sensible con las características» del mapa comunitario.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, avisó de ese peligro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el mismo día en que se debatía en el Congreso las enmiendas a la totalidad, superadas gracias a un principio de acuerdo con el PNV, pero afirmó que «no se puede aventurar nada» y que la Junta trabajará hasta el «último minuto» para que sus enmiendas se recojan por el Grupo Popular, con cuya dirección mantiene conversaciones.
De Santiago-Juárez, a preguntas de los periodistas y ante la posibilidad del cierre de los consultorios si no se corrige en la ley, afirmó que, en ese caso, la responsabilidad sería de «quien cambia la ley y de quien decide que no quiere tener esas competencias», pero precisó que la Junta apuesta por el municipalismo y abogó por el optimismo hasta el último momento. Así, explicó que la Junta tiene la obligación de prestar el servicio asistencial en el centro de salud, ubicado en las zonas básicas, y añadió que está cubierto, pero recordó que, ante las características demográficas de la comunidad, se optó por que hubiera consultorios locales, para facilitar la atención de cercanía al ciudadano. En España, la media de consultorios locales por zona de salud es de tres y en Castilla y León de 15, precisó.
El portavoz de la Junta ha insistido en que el proyecto de Ley del Gobierno supone «un atropello» a los intereses de Castilla y León en materias como los consultorios locales, servicios sociales o entidades locales -un tercio de las existentes en España están en la comunidad, especialmente en León, Palencia y Burgos- lo que demuestra, a su juicio, que en Madrid «se conoce poco el territorio» de la comunidad Autónoma. Por último, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Juan José Zancada, lamentó la postura adoptada ayer por el PP en el Congreso de los Diputados ante la reforma local, que implicará la «privatización» de los servicios municipales.
Los cargos electos locales del PP apoyan el proyecto de ley
Los alcaldes, concejales, presidentes de Diputación, entre ellos el de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, en la primera fila, cuarto por la derecha, del Partido Popular han apoyado en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que en su opinión viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo. Además, consideran que esta ley va a realzar el papel de las corporaciones locales en el Estado de las Autonomías, poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo.
