Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE aprobaron ayer por consenso la ley que recoge la reforma local de Castilla y León, un acuerdo visto por ambas formaciones como un asunto de comunidad que garantiza los servicios públicos y blinda un modelo territorial basado en lo municipal. Tras dos años de debate y discusión, el Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer el proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, fruto de un trabajado consenso entre populares y socialistas, al que finalmente no ha sido posible sumar a IU, que ha puesto condiciones para una posible abstención que no se ha producido, ni a UPL, que ha mantenido inicial postura en contra.

Tanto el consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, como el portavoz parlamentario del PSOE, Óscar López, coincidieron en la trascendencia de esta ley que busca servir a varias generaciones y cualquier color político.

El consenso va más allá ya que el desarrollo de la norma en cuanto a los mapas de servicios o áreas funcionales requiere de mayorías reforzadas para su aprobación, «el antídoto perfecto para evitar arbitrariedades» en palabras del también secretario de Organización del PSOE, Óscar López.

El consejero de la Presidencia de Castilla y León situó la ley «la de mayor calado y recorrido para la comunidad» después del Estatuto de Autonomía, y anunció que comenzará a desarrollarse de forma inmediata, en un modelo en el que tienen cabida las diputaciones, que defiende el municipalismo, la unión voluntaria de municipios y las entidades locales menores. Ante posibles reformas locales nacionales que atenten contra esa autonomía municipal, López insistió en que con esta ley «se blinda nuestro modelo territorial basado en lo municipal». Tras la aprobación, el consejero de la Presidencia anunció que se iniciarán «de forma inmediata» los trabajos para definir el mapa de unidades básicas de servicios y de la áreas funcionales estables, así como para la elaboración de la cartera de servicios homogéneas de las mancomunidades, algo que se hará, «con rapidez, pero sin prisa».

Sobre la nueva ley, Unión Progreso y Democracia en Castilla y León (UPyD) acusó a Junta y PSOE de «lastrar el futuro» de la comunidad y criticó que el texto pactado mantiene las estructuras y los «chiringuitos» de populares y socialistas, pero no mejora la calidad democrática.