El modelo de ordenación del territorio se apoya en 15 unidades urbanas y unas 161 rurales

La Junta se marca un plazo de tres años para adaptar la normativa sobre servicios públicos a la nueva estructura

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VALLADOLID, ICAL
El Modelo de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León se apoyará sobre un mapa de 15 unidades básicas urbanas y unas 161 rurales, que se aprobará mediante un decreto en otoño de 2013. Además, el Gobierno autonómico ha marcado un plazo de tres años para adaptar normativa sectorial sobre servicios públicos esenciales a esta nueva estructura de unidades, que actuarán como espacio o «parámetro básico». Así lo recoge el proyecto de ley sobre esta materia, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta, que espera que reciba el respaldo de las Cortes antes del verano.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, fue el encargado de comparecer para explicar los detalles del proyecto normativo, que recoge la agrupación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general, no crea estructuras administrativas nuevas y potencia el papel de las diputaciones provinciales. No obstante, no recoge las 27 materias, 173 competencias y 539 funciones que se han delimitado, ni el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (urbanas y rurales), ni las áreas funcionales (permanentes o estratégicas).

El modelo, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, planteó como un compromiso de legislatura, se asentará en el diseño de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que el Ejecutivo ya tiene muy avanzado, aunque no se ha cerrado. Esta figura será el «espacio» o «parámetro» básico de la ordenación, ya que determinarán la planificación, programación, gestión y prestación de los servicios autonómicos. Así, la normativa sectorial deberá determinar el mínimo y el máximo de unidades que se tomarán para la prestación de cada servicios. Las áreas urbanas serán 15, coincidiendo con los municipios de más de 20.000 habitantes de la comunidad, es decir, las nueve capitales de provincia, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, en León; Laguna de Duero y Medina del Campo, en Valladolid, y Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos. En este caso, el modelo promovido por la Junta respetará la organización existente, manteniéndose las diferentes divisiones territoriales que prevé la normativa sectorial en sanidad, educación o servicios sociales.

Respecto a las rurales, que agruparán a municipios de menos de 20.000 habitantes, el consejero de la Presidencia indicó que serán unas 161. En éstas se integrarán los ayuntamientos que tengan «continuidad geográfica». Estas unidades se configurarán en función del tamaño, por lo que deberán tener como mínimo 5.000 habitantes y 30.000 como máximo o bien, en relación a la densidad, cuando sea menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y agrupe como mínimo a cinco municipios.

De esta forman, el proyecto de ley establece la escala para prestar servicios en el medio rural. De esta forma, cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios en el territorio, como cada zona de acción social. Sin embargo, para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), prevé que cada zona educativa comprenda como mínimo una unidad básica y un máximo de cinco, y para la salud pública, cada demarcación deberá comprender un mínimo de dos unidades y un máximo de seis.

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