Novedades del anteproyecto de ley

La reforma de las cuatro instituciones de autogobierno ahorrará 2,8 millones

Las presidencias del Consultivo, CES, Consejo de Cuentas y Procurador del Común se limitan a dos mandatos y habrá una secretaría única

 09:11  
El consejero José Antonio de Santiago-Juárez, ayer en la rueda de prensa.
El consejero José Antonio de Santiago-Juárez, ayer en la rueda de prensa. Foto Ical

VALLADOLID, EFE La reforma de las instituciones de autogobierno de Castilla y León -el CES, el Procurador del Común y los consejos Consultivo y de Cuentas- cuyo anteproyecto de ley aprobaba ayer la Junta, supondrá un ahorro anual de 2,8 millones, el 23,28% de su coste de funcionamiento, más de 12,2 millones en 2013.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, detallaba ayer las novedades de esta reforma, anunciada por el titular de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el último debate de la comunidad, y pactadas, en lo básico, con el PP y el PSOE hace unas semanas. Se trata de «modernizar las instituciones propias» de Castilla y León, que mandata el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, algunas con más de veinte años, como el Consejo Económico y Social, el CES; de «profundizar en su independencia», mejorar la eficiencia y homogeneizar los marcos legales de cada una de ellas, ha explicado De Santiago-Juárez. La principal novedad es que las cuatro instituciones tendrán una secretaría general común, que dependerá de las Cortes, con lo que desaparecen las de cada una de ellas y la figura del adjunto al Procurador del Común, y además la Cámara regional será la competente en contratos comunes a dos o más instituciones, los que tengan más de dos millones de presupuesto o estudios y trabajos técnicos.

En la propuesta normativa, se plantean como máximo dos mandatos para cada una de las presidencias de estos órganos, que perciben como sueldo lo mismo que el presidente de la Junta, con lo que se regula un límite de mandatos que sólo estaba fijado para el caso del Procurador del Común, a la par que se plantea la posibilidad de que no sean de dedicación exclusiva.

Destaca además la reducción del plazo de emisión de los informes de 30 a 20 días, tanto para el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo y que de los seis miembros del CES que nombra la Junta, dos sean designados por las Cortes.

Los presupuestos del Consultivo y del CES pasan a ser una sección dentro del de las Cortes, igual que sucede ya con el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas, y el nombramiento de los miembros del CES y su presidente, así como el de los consejeros del Consultivo y su presidente, lo realizará el Parlamento en lugar de por decreto.

También se amplían las funciones de estas instituciones, y en esa línea el CES también tendrá conocimiento de las proposiciones de ley y las iniciativas legislativas populares que regulen materias socioeconómicas y laborales siempre que las Cortes lo consideren oportuno.

Dentro del Consejo Económico y Social se creará un grupo de enlace con la sociedad civil

Se modificarán además algunas funciones del Consultivo para hacerlo más eficaz, y por ello los expedientes de responsabilidad patrimonial sólo requerirán de dictamen del consultivo si superan los 50.000 euros en lugar de los mil que se requerían hasta ahora; el mismo límite que se pone para los dictámenes en transacciones judiciales o extrajudiciales de la Junta.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha elevado a rango de ley la integración de los inmigrantes y da rango de ley al proyecto legislativo, que incluye el fomento del estudio de la lengua castellana como elemento de integración y recoge la creación de un centro de inmigración por provincia.

Según De Santiago-Juárez Castilla y León es la segunda autonomía, tras Valencia, que cuenta con una ley para promover la integración social, económica y cultural de los inmigrantes en la sociedad.

- Habrá un máximo dos mandatos para cada una de las presidencias de estos órganos, que perciben como sueldo lo mismo que el presidente de la Junta.

- Se reduce el plazo de emisión de los informes de 30 a 20 días, tanto para el CES como para el Consejo Consultivo.

- De los seis miembros del CES que nombra la Junta, dos serán designados por las Cortes.

- Los presupuestos del Consultivo y del CES pasan a ser una sección dentro del de las Cortes.

- El nombramiento de los miembros del CES y su presidente, así como el de los consejeros del Consultivo y su presidente, lo realizará el Parlamento.

- Se amplían las funciones

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