La mayoría del Grupo Popular aprobó ayer en el pleno de las Cortes su modelo fiscal, recogido en la ley de medidas, en el que recupera el impuesto de sucesiones para patrimonios a partir de 175.000 euros, elimina el impuesto de carburantes (4,8 céntimos de euro) para los profesionales del sector del transporte e incrementa tasas y precios públicos para una recaudación en su conjunto de 178 millones de euros.

El socialista José Francisco Martín y José María González (IU) plantearon un modelo alternativo, en un bloque de enmiendas que no prosperaron, para que «paguen más quienes más tienen y más heredan». Martín diferenció el modelo de su partido y el del PP, del primero dijo que se quiere evitar poner más impuestos a las personas con menos recursos, ya afectado por copagos y recorte de servicios, mientras que del segundo señaló que es «indiscriminado y no se pide más a quien más tiene».

Por su parte, González llevó al plenario su idea de «romper el techo de hormigón de los ingresos» y estimó que con su propuesta fiscal la comunidad ingresaría 1.500 millones más para políticas sociales e inversiones, cifra de la que dudó tanto la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, desde su escaño, como el portavoz de Hacienda del PP, Salvador Cruz.

El socialista denunció, con el objetivo de «poner en evidencia» a la consejera, que mientras decía que no había que pedir una compensación por la «amnistía fiscal» porque será autonómica, después remitió una carta al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de Gestión Tributaria para pedir esa compensación. Cruz negó de plano tal aseveración y pidió ver la carta. Martín se dirigió a la tribuna con el documento y el popular le acusó de faltar a la verdad porque el texto correspondía al posicionamiento del conjunto de las comunidades y de la comunidad autónoma, sin firma de Pilar del Olmo.

La bancada socialista recibió a Martín con un cerrado aplauso cuando regresó al escaño, mientras desde la tribuna el popular lo acusó de «hacer una representación de teatro y crear confusión». Cruz precisó que la compensación se realizará cuando se revise el modelo de financiación, lo que está previsto en 2014 (es cada cinco años). Por su parte, el socialista recalcó que había «desmontado las mentiras y falsedades» de la consejera y, además, vaticinó que la Junta acabará implantando los impuestos a grandes superficies y depósitos de entidades financieras, propuestos por el PSOE.

El portavoz popular no admitió la propuesta socialista y acusó de perder 100 millones de euros, lo que, a su juicio, querían compensar con los 300 millones que piden de la regularización del IRPF (amnistía fiscal). Tampoco prosperó la petición de IU, tildado de «modelo propio de la oposición, de un partido que sabe que no va a gobernar», en palabras de Daniel Sobrados.

Asimismo, las Cortes aprobaron ayer el presupuesto de la comunidad para 2013 con la mayoría de los votos del Grupo Popular, que rechazó la totalidad de las enmiendas de PSOE e IU, y en contra de la oposición. Para la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se trata de unas cuentas realistas, sociales y posibles, igual que para el PP, que no ha encontrado alternativa a la política económica de la Junta en las propuestas de ambos grupos.

Socialistas e IU consideran que son «crueles e injustos» y causarán «más sufrimiento» a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables. Las Cuentas de la comunidad para 2013 ascienden a 9.481 millones de euros, un 2,45 por ciento menos que este año, que se concreta en una rebaja de 238 millones. De esta cantidad las consejerías de la Junta contarán con 7.344 millones, el 6,1 por ciento menos que en 2012 (477 millones); 923 millones corresponden a la PAC; 854 millones a la Deuda Pública (431 para sufragar los intereses del endeudamiento); 24,5 millones para las Cortes de Castilla y León y 2,6 para el Consejo Consultivo.