La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió ayer en el Pleno de las Cortes regionales que los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y de Medidas Tributarias y Administrativas para 2013 presentados por el Gobierno autonómico «son los posibles porque se adecúan a la capacidad real de actuación de la Junta de Castilla y León», y «una contribución necesaria» para superar la actual crisis económica, aunque reconoció que desde el Gobierno regional son «plenamente conscientes de que exigen importantes sacrificios a los ciudadanos».

La consejera de Hacienda hizo hincapié en que las previsiones económicas para 2013 tanto para la comunidad como para España indican que la economía «seguirá en números rojos», con un 0,9 por ciento de decrecimiento del PIB regional según las estimaciones propias de la Junta, que calcula una tasa de paro del 19,9 por ciento, 4,4 puntos menos que la esperada para el conjunto del país. Del Olmo detalló que la Administración regional contará en 2013 con 8.339,5 millones de euros de ingresos no financieros y 1.142,1 millones procedentes de operaciones financieras, en total 238 millones menos que en los PGC de 2012.

Tras las distinta intervenciones, las Cortes aprobaban, con los votos de la mayoría popular y en contra de PSOE e IU, los presupuestos de siete consejerías, que suman 6.750 millones de euros de los 7.344 que dispondrán el conjunto de departamentos de la Junta para sus políticas el próximo año. La oposición no consiguió colar ninguna enmienda.

Durante el debate, el socialista Julio López y el popular Raúl de la Hoz se enzarzaron, en un «rifirafe» sobre el aumento del paro y el empeoramiento de la economía durante este año. De la Hoz calificó de «imposibles» las enmiendas socialistas y llamó «vagos» a los socialistas por presentar los mismos textos del «pasado mes de junio y del año pasado».

El pleno se cierra hoy con la aprobación de las cuentas, donde figura el presupuesto de las Cortes y otras instituciones de autogobierno, y de la ley de medidas, que recoge el modelo fiscal de la Junta, con un aumento de impuestos al recuperar sucesiones y donaciones para rentas de más de 175.000 euros e incrementar tasas.