El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, acordaron ayer en Madrid posponer las negociaciones para la transferencias de los medios materiales y personales de la Justicia a que el Gobierno apruebe su reforma integral, a través de un proyecto de ley que el Ministerio registrará en el Congreso de los Diputados el próximo mes de septiembre o de octubre.
Así lo señaló a la salida del encuentro De Santiago-Juárez. En la reunión, retrasada en dos ocasiones, el consejero de la Presidencia entregó al ministro de Justicia el pacto por la Justicia, que es la posición acordada por la Comunidad para negociar el traspaso de esta competencia a Castilla y León.
De Santiago-Juárez rechazó que la decisión de posponer la negociación responda a ningún cuestionamiento acerca del modelo autonómico. Además, el consejero trasladó al ministro la proposición no de ley aprobada de forma unánime en las Cortes de Castilla y León, que rechaza «de forma tajante» el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acerca de la supresión de demarcaciones judiciales en la Comunidad.
El ministro informó a De Santiago-Juárez que el informe «no es vinculante para el Gobierno» y se comprometió con el consejero a consultar a la Comunidad antes de aprobar la ley que regulará las nuevas demarcaciones.
