La Consejería de Educación ha pedido a los rectores de las universidades públicas de Castilla y León que elijan un grado de los que se imparten en sus instituciones académicas con menor número de alumnos para que dejen de ofertarlo. De este modo, las universidades serán las que tengan que decidir de qué enseñanzas prescinden el próximo curso.

En estos momentos, se están manteniendo los encuentros entre responsables de la Consejería de Educación y de las universidades para adaptar las titulaciones a las exigencias planteadas por el Gobierno central en el Decreto Ley de medidas urgentes de ajuste del gasto público en educación, si bien, de momento y, según fuentes de la universidad, será uno el grado del que deban prescindir a pesar de que el número de titulaciones que no supera los 45 alumnos en mayor en estas instituciones.

Por el momento, la Universidad de Salamanca ya ha anunciado cuál será esa titulación que no ofertará el próximo curso 2012-2013. Esta institución académica eliminará, previsiblemente, el grado de Ingeniería de Diseño y Tecnología Textil de la Escuela de Béjar de los 23 que tienen menos de 45 matriculados de nuevo ingreso.

Por su parte, en la Universidad de Burgos hay once titulaciones con menos de 45 alumnos y, según indicaron fuentes de la institución académica, el grado del que se prescindirá a partir del inicio de las clases en septiembre será Ingeniería en Transportes y Servicios Urbanos, que este curso tiene matriculados a 19 alumnos.

Mientras, la de Valladolid aún no ha decidido cuál será la titulación que no entre en la oferta de las 29 que tiene en esta situación, lo mismo que ocurre en León donde son 15 los grados con menos de 45 alumnos.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Comunicación de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Ignacio Jiménez Raneda, exigió ayer al Gobierno que las universidades sean consultadas para la aplicación de los ajustes que las afecten.

Jiménez Raneda, rector de la Universidad de Alicante, presidió ayer en Salamanca el comité ejecutivo de la Comisión de Comunicación de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Más moderado, su homólogo de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, afirmó que, tras ese «fallo» a la hora de comunicar el decreto, espera que, al igual que sucedía con el anterior Gobierno, el diálogo entre los representantes de las universidades españolas y el nuevo ejecutivo se potencie, y que se puedan intercambiar puntos de vista con el nuevo ministro.

Galindo manifestó, de igual modo, su esperanza en que el decreto ley termine por tramitarse como proyecto de ley en las Cortes, ya que de esa forma habría lugar para el debate.